El Partido Popular ha denunciado que la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, ocultó el informe de Política Territorial que derivaba la autorización del Rallye en el Consejo de Gobierno Insular.
Los populares subrayan que, tras estudiar el expediente que la presidenta del Cabildo se vio obligada a entregar después de la denuncia realizada por el Partido Popular por "vulneración de los plazos de entrega", los consejeros del PP aseguran que han podido comprobar "hechos absolutamente gravísimos desde el punto de vista procedimental en relación con el Caso Rally”.
"Ahora, y con la información en la mano, entendemos por qué Dolores Corujo tenía oculto el expediente. El PSOE tenía miedo de que se pudiese llegar a este informe que refleja la mala praxis y mala gestión del Partido Socialista con respecto al expediente del caso”, señala el portavoz popular, Jacobo Medina.
Los populares detallan que el informe del área de Política Territorial es "claro y contundente", cuando señala que el área de Actividades Clasificadas, que dirige, Marcos Bergaz, "nunca debió pronunciarse en relación a la autorización o no del Rally Isla de Los Volcanes, porque este tipo de autorizaciones, licencias o permisos son competencia del Consejo de Gobierno y no de Actividades Clasificadas, como así lo estable el artículo 80.2 de la Ley 4/2017, más conocida como la Ley del Suelo".
Desde el PP añaden que el propio informe llega incluso a establecer que, de ser utilizada la Ley 7/2011, "el acto administrativo estaría viciado, ya que no es el procedimiento administrativo legalmente establecido, siendo el Consejo de Gobierno Insular el que debió pronunciarse al respecto de la autorización".
"Por lo tanto, queda más que probado con el informe técnico del área que dirige la propia presidenta que, además de mala gestión, se habría producido también una irregularidad en el marco de la administración en relación a la tramitación del expediente por parte del PSOE", denuncian los populares.
Para Medina, el hecho de que la no autorización por parte del área de Actividades Clasificadas no siguiera el trámite legalmente establecido "podría acarrear graves consecuencias para el Cabildo". "Se constata que el Grupo de Gobierno ha venido sosteniendo un argumentario falso ante la población y dirigiendo las miradas hacia una sola consejera cuando la responsabilidad debía recaer única y exclusivamente en el Consejo de Gobierno Insular”, añade Medina.
Los populares explican que, prueba de que el Consejo de Gobierno Insular es el único órgano competente, se escenifica en el Consejo celebrado el pasado lunes, día 16, "donde se delega en Marcos Bergaz las competencias del artículo 80 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (Expediente 12763/2019)".
"Por lo tanto, queda más que probado que el órgano competente para otorgar autorización era única y exclusivamente el Consejo de Gobierno, conforme al artículo 80, de la Ley del Suelo y Ley de Bases de Régimen Local", concluyen los populares.
Jacobo Medina critica lo que considera "la política del engaño y el todo vale” que está ejerciendo el gobierno. "No se puede seguir gestionando administraciones públicas como si fuesen un juego o sin medir las consecuencias porque las actuaciones de los cargos públicos pueden acarrear graves perjuicios a la población. La ciudadanía tiene que ver en la administración pública legalidad y fiabilidad”, concluye el consejero popular.
