El PP denuncia que el Cabildo no haya entregado "para su fiscalización" la Cuenta General del 2021

Los populares critican "la gravedad de estos hechos que podrían suponer la pérdida de casi un millón de euros para el Cabildo"

11 de enero de 2023 (16:28 CET)
Actualizado el 11 de enero de 2023 (16:29 CET)
El secretario general del PP en Lanzarote, Jacobo Medina
El secretario general del PP en Lanzarote, Jacobo Medina

La Audiencia de Cuentas de Canarias ha trasladado al Parlamento regional el incumplimiento del Cabildo de Lanzarote de "no entregar en tiempo y forma, para su fiscalización, la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2021, tal y como establece la normativa", señalan desde el PP.

El Pleno de la Audiencia celebrado el pasado día 8 de noviembre acordó por unanimidad “requerimiento conminatorio” al Cabildo por "no remitir la documentación cuando tiene obligación legal de hacerlo", critican los populares. Por tanto, y en virtud del artículo 14 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, "pone en conocimiento del Parlamento de Canarias dicho incumplimiento".

En su acuerdo, la Audiencia de Cuentas advierte que de no atenderse el requerimiento, se procederá a “instar a la Dirección General competente en materia de tesoro a la retención del 2% de los pagos que puedan corresponder al Cabildo con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, en aplicación de lo establecido en el artículo 14.3 de la Ley reguladora la institución”.

Los populares denuncian "la gravedad de estos hechos que podrían suponer la pérdida de casi un millón de euros para el Cabildo". A este respecto, el consejero y candidato del PP al Cabildo, Jacobo Medina, señala que “Lanzarote y La Graciosa no están para perder ni un solo euro de financiación y sorprende que aquellos que dicen ser buenos gestores sean precisamente los que pongan en jaque fondos económicos imprescindibles para la corporación”.

Desde las filas del PP exigen a Corujo a “que cumpla con hechos su discurso de transparencia, atendiendo en tiempo y forma, como corresponde, a los organismos que se han visto obligados a darle un tirón de orejas por no cumplir con la normativa que regula la fiscalización de las cuentas públicas”.

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