El ex alcalde de Arrecife, Enrique Pérez Parrilla, así como varios funcionarios y técnicos del Ayuntamiento capitalino han declarado este lunes como testigos de la Fiscalía en el primer juicio del caso "Unión" y todos ellos han coincidido en señalar que no tenían constancia de la existencia de un contrato con Francisco Rodríguez Batllori, ni de trabajo alguno realizado por él para la institución. "Desde luego que asesor del Ayuntamiento no era", ha declarado Pérez Parrilla.
Respecto a la posibilidad de que un concejal tuviera autonomía para contratar un asesoramiento externo, cuestión a la que se ha referido la defensa, Pérez Parrilla ha sido tajante: "En otras instituciones de mayor rango puede ser, pero un concejal no es un ministro", ha afirmado el ex alcalde, que ha dejado claro que las contrataciones dependían del alcalde o del Pleno y, por tanto, esta competencia era "indelegable".
Tras Pérez Parrilla han declarado Sheila Aguiar, Asenet Padrón, María Del Carmen Villaverde y Pilar Machín, funcionarias y técnicas del Ayuntamiento, que han coincidido en señalar que desconocen cualquier expediente de contratación o cualquier documento que acredite que realmente Batllori prestó algún trabajo para el Consistorio. "A mí no me consta nada de ese señor", ha declarado la que en esa época era secretaria del Ayuntamiento, Asenet Padrón.
Las defensas renuncian a Carlos Sáenz como testigo
En esta parte de las declaraciones, el nombre que más se ha repetido ha sido el del interventor del Ayuntamiento de Arrecife, Carlos Sáenz, ya que los pagos recibieron su visto bueno. Durante el juicio, las defensas han intentado sostener que si no tenían reparos de Intervención, era porque procedía hacer esos pagos. Sin embargo, una técnico de este departamento, María Del Carmen Villaverde, ha subrayado que las facturas no estaban avaladas por ningún contrato y ha apuntado que algunos de los expedientes de pago que le han mostrado durante el juicio no estaban "completos".
"¿Le consta que el interventor hubiera reparado alguna de estas facturas? ¿Se podría haber pagado con reparos?", le ha preguntado el abogado de una de las acusadas, insistiendo en que eso daba validez a los pagos. "No recuerdo ningún reparo", ha respondido la técnico. Sin embargo, a preguntas del fiscal, la testigo ha respondido que eso no significa que el pago se ajustara a la ley o correspondiera a un servicio prestado, y lo mismo ha declarado la que en esa época era secretaria del Ayuntamiento.
Las facturas, que en su momento Intervención no entregó al Juzgado pese a los requerimientos que se hicieron, y que han sido localizadas poco antes de comenzar el juicio, estaban firmadas por el interventor Carlos Sáenz y por el entonces concejal de Hacienda, José Miguel Rodríguez, que es uno de los acusados y ha confesado los hechos y devuelto el dinero que presuntamente malversó autorizando esos pagos a Rodríguez Batllori.
En cuanto a Carlos Sáenz, que está imputado en otras dos piezas del caso Unión pendientes de juicio, además de en el caso Montecarlo, estaba llamado este lunes como testigo de la defensa, pero finalmente no ha prestado declaración. Primero ha sido la abogada de Luisa Blanco la que ha renunciado a este testigo y después el de Rodríguez Batllori, que en principio había decidido mantener su citación, pero tras un receso ha decidido renunciar también a formular preguntas a Carlos Sáenz.
Así, la defensa no ha aportado ni un funcionario ni técnico que desmienta o contradiga lo manifestado por los testigos de la Fiscalía, que coinciden todos en que ni había expediente de contratación, ni trabajo, documento o informe escrito que demuestre los supuestos servicios de asesoramiento prestados por Batllori al Ayuntamiento de Arrecife.
Un registro "manual" de facturas paralelo en Intervención
Lo único que consta de Rodríguez Batllori en el Ayuntamiento son las facturas y, por tanto, los "expedientes contables" de pago, aunque "incompletos" según la técnico de Intervención que ha declarado. Además, muchas de esas facturas que han sido exhibidas durante el juicio tienen "fechas tachadas", "no hacen referencia a ningún contrato" y "simplemente pone que es una minuta de honorarios". "Es decir, ¿que podría haber puesto 13.000 euros o 7.000?", le ha preguntado el fiscal a la testigo a la que se le han mostrado las facturas. "Sí, eso parece".
Además, tanto ella como la secretaria han apuntado que en esa época existía "un registro manual de facturas en Intervención", al margen del Registro General. "¿Había un registro que funcionaba paralelamente en Intervención, agilizando o soportando el pago de otras facturas"?, ha preguntado el fiscal, cuestionando qué explicación tenía eso. "No la encuentro", ha respondido la técnico, que ha dejado claro que no era ella quien hacía el mandamiento de los pagos.
"¿Hay un registro de contratos verbales?"
Durante la declaración de los testigos de la Fiscalía, algunos de los abogados han insistido en subrayar que durante la Operación Unión la UCO se llevó distintos expedientes del Ayuntamiento, planteando que eso podría justificar la ausencia de documentos sobre Batllori en el Consistorio.
"¿Tiene el Ayuntamiento algún registro de contratos verbales? Lo digo porque la UCO palabras no se puede llevar, ¿no?", ha preguntado el fiscal a los técnicos, ante la insistencia de las defensas en este tema. Y es que cabe recordar que los propios acusados reconocen que no había ningún contrato firmado con Rodríguez Batllori. "¿Hay algún despacho donde guarden los contratos verbales y se puedan ir a consultar, a fiscalizar?", ha insistido Ródenas con otro testigo, después de que el abogado de Plácida Guerra hubiera vuelto a poner este mismo tema sobre la mesa.
El otro eje de la defensa ha girado en torno al funcionamiento de los "contratos menores", intentando sostener que Batllori actuaba como un proveedor y al no superar la cantidad establecida por ley, no era necesario ese expediente de contratación. Sin embargo, el total cobrado por Batllori sí supera con creces esa cifra, que en aquel momento la legislación en vigor fijaba en 12.000 euros.
Al respecto, su abogado ha intentado separar los pagos que recibió en 2008 y los de 2009, pero la ex secretaria de Arrecife ha sido tajante. "Creo que ya había contestado a eso. Esa cantidad no se debe superar en un periodo menor a un año, y no tiene en cuenta los ejercicios", ha afirmado Padrón. Además, también ha subrayado que "la contratación verbal está prohibida por ley", tanto por la que está en vigor ahora como por la anterior.
