El alcalde de Arrecife, Enrique Pérez Parrilla, no quiso hacer declaraciones a los medios de comunicación durante la mañana de este miércoles mientras se encontraba en los Juzgados de Lanzarote ante la imputación por un presunto delito contra el Patrimonio y otro de desobediencia civil a causa de las obras realizadas por el Ayuntamiento capitalino en un edificio protegido. El edificio está localizado en el área de influencia de los Bienes de Interés Cultural (BIC) de la Iglesia de San Ginés y el Castillo de San Gabriel y las obras no se paralizaron a pesar de las advertencias de Patrimonio del Cabildo de Lanzarote.
Pérez Parrilla dijo en las puertas de los Juzgados no querer hacer declaraciones "para que no se interpreten mal", por cuanto el caso "está sub júdice", esto es, pendiente de resolución judicial. Durante la mañana de este miércoles declararon además técnicos del departamento de Patrimonio del Cabildo de Lanzarote, quienes desde principios de abril habían enviado informes a la institución municipal en los que advertían de que se estaba interviniendo en un edificio protegido sin las autorizaciones pertinentes.
Tal como publicó en mayo el semanario La Voz de Lanzarote, el edificio afectado data de finales del siglo XIX y es la única obra en Arrecife del prestigioso arquitecto Manuel Oraá. El inmueble está incluido en el Catálogo de Protección del municipio y en el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) de Lanzarote al estar dentro del área de influencia de los BIC citados. Estas instalaciones habían sido cedidas al Cabildo, que albergó las áreas de Política Territorial y Pesca, pero hace un año fueron devueltas al Ayuntamiento y éste decidió ejecutar obras de acondicionamiento sin permiso previo.
Los técnicos de Patrimonio remitieron informes a la Administración municipal sobre la intervención en un edificio protegido. Más tarde, la presidenta del Cabildo, Manuela Armas, firmó, el 19 de abril, una orden para la paralización de los trabajos. A pesar de ello, los trabajos continuaron. Finalmente intervino elServicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), que interpuso una denuncia en los Juzgados.
La Fiscalía procedió a la citación del alcalde de Arrecife y al concejal responsable de las obras. El concejal responsable de los trabajos, cuando estos se iniciaron en el interior del edificio, fue Antonio Hernández. "Cuando recuperamos ese edificio, tuvimos la idea de trasladar allí la Oficina Técnica y se necesitaba rehabilitar esas instalaciones por el mal estado en el que se encontraban", por lo que se encaló por dentro y se realizó la canalización eléctrica, declaró en mayo pasado Hernández. Sin embargo, Antonio Hernández dimitió de sus cargos en marzo, antes del inicio de las obras en la fachada del inmueble, que son precisamente las que han dado origen al proceso judicial.
Los técnicos del Cabildo señalaron en su día que con los trabajos del Ayuntamiento se destruyó una ornamentación característica que se encontraba en la fachada y que ha desaparecido por completo. Una versión muy distinta a la que dan desde el Consistorio capitalino, que alega que lo único que hicieron fue acondicionar un edificio que se encontraba en un estado casi ruinoso.
