La Federación Turística de Lanzarote (FTL) y la Federación de Ocio y Turismo Marino de Canarias (Turmar Canarias) han mostrado su “preocupación” por las medidas propuestas por el Gobierno central para gestionar las Zonas de Especial Conservación (ZEC) marinas de la Red Natura 2000 en Canarias.
Según afirman en un comunicado, esos planes de gestión están “basados en un prohibicionismo exacerbado” y “prácticamente imposibilitan el desarrollo de las actividades náuticas, tan necesarias para la diversificación y diferenciación de las Islas Canarias como destino turístico frente a otros destinos competidores”.
Representantes de ambas patronales mantuvieron un encuentro con la consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, para trasladarle estas “dudas y preocupaciones” por la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España para estos espacios.
En la reunión se presentaron una serie de documentos elaborados por Turmar Canarias, en los que se detallan todas aquellas medidas que consideran que resultan “conflictivas para la continuidad de las actividades de turismo marino en las islas”. Alegan los empresarios que la gestión de las áreas marinas protegidas de la Red Natura 2000, dependiente de la administración central, “lleva décadas siendo deficiente, y que se ha obviado sistemáticamente el control de las actividades que en ellas se llevan a cabo”.
Sin embargo, al mismo tiempo critican las medidas que ahora se proponen. En la reunión, las asociaciones empresariales presentaron a la consejera “un compendio de alternativas a la gestión propuesta por el Ministerio”. Según defienden, éstas “emergen de su conocimiento del territorio y tratan de compatibilizar el uso turístico de la ribera marina y su protección y conservación”.
Algunas de las demandas que consideran “más importantes” consisten en “la necesidad de aportar un mayor número de evidencias científicas que justifiquen muchas de las medidas que formula el Ministerio, y que afectan de forma muy negativa a las actividades de turismo marino en estas zonas”. Asimismo, solicitan que se “reconsidere” la necesidad de obtener autorización para la realización de muchas actividades, ya que consideran que esto “incurriría en una duplicidad de trámites burocráticos innecesarios, que ralentizaría aún más si cabe un sistema ya de por sí ineficiente, colapsado y con pocos recursos”.
Según afirman, la respuesta de la consejera fue “favorable a las demandas de los empresarios, expresando su comprensión y solidaridad con sus preocupaciones por el impacto negativo en la supervivencia de centenares de empresas de actividades náuticas, así como en el empleo”.
