El juicio que este miércoles iba a celebrar la Audiencia Provincial de Las Palmas por los presuntos abusos sexuales a una menor de 14 años ha sido suspendido, para estudiar un recurso presentado por la defensa. La víctima y el acusado, ex pareja de la madre de la niña, han acudido a los Juzgados, pero la vista no ha llegado a celebrarse, y tendrá que fijarse una nueva fecha.
El motivo está en un recurso que presentó en su día el abogado de Juan Manuel Domínguez contra el auto de procesamiento, que es el acto judicial que pone fin a la fase de instrucción y determina los hechos que se imputan al acusado. El recurso de la defensa no llegó a tramitarse, y ahoradeberá resolverse antes de celebrar el juicio. Además, aunque ya lo había solicitado varias veces y había sido rechazada, la defensa volvió a solicitar la puesta en libertad del acusado, que está en prisión provisional desde 2009, ante el retraso que supone ahora este hecho para la celebración de la vista oral. Así, la Audiencia Provincial también tendrá que determinar si se mantiene o no la prisión provisional hasta que se celebre el juicio.
"No me puedo creer que después de dos años se suspenda el juicio", ha señalado la tía de la víctima a las puertas del Juzgado. "Nadie sabe lo que está pasando mi sobrina. Ni come, ni duerme, ni nada", ha lamentado, agregando que la niña está en tratamiento psicológico desde entonces.
Embarazo y prueba de paternidad
Los hechos ocurrieron entre mayo y julio de 2009, cuando el acusado vivía con su pareja y la hija de ésta, de 14 años. Según el escrito de acusación del fiscal, Juan Manuel Domínguez se acostó en varias ocasiones en la cama de la niña, aprovechando que la madre no estaba en casa, sometiéndola presuntamente a tocamientos y llegando incluso a penetrarla. Fruto de los presuntos abusos, la niña quedó embarazada.
La madre de la menor declaró ante la Guardia Civil que al comprobar que su hija "se encontraba mal, con vómitos y mareos", decidió llevarla al médico de cabecera, donde se le hizo la prueba de embarazo, que resultó positiva. "Tras los análisis realizados", señala la Fiscalía, se comprobó que "el padre" era "el procesado".
La Fiscalía solicita una pena de prisión de 10 años para el acusado, y una indemnización de 14.000 euros para la víctima, por los daños morales ocasionados. Asimismo, solicita la inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena y la prohibición de acercarse a la víctima a una distancia inferior a 500 metros o comunicarse con ella por cualquier medio o procedimiento durante el plazo de 20 años. Sin embargo, el juicio tendrá que seguir esperando.
