"Habiendo consultado al personal de Contratación, de Recursos Humanos, de Registro General, de Secretaría-2 y de Secretaria General que actualmente presta servicio, nadie tiene constancia de documento, procedimiento o cualquier otro tipo de escrito relacionado con Don Francisco Rodríguez-Batllori". Eso es lo que respondió el secretario del Ayuntamiento de Arrecife en un escrito fechado en septiembre de 2012, en respuesta a un requerimiento del Juzgado de Instrucción Número 5 de Arrecife, dentro de la pieza del caso Unión que comenzará a juzgarse este jueves.
¿Prestó realmente Batllori algún servicio que justifique las facturas que cargó durante más de un año al Ayuntamiento de Arrecife y a Inalsa, entre 2008 y 2009, y que según la Fiscalía ascienden a unos 40.000 euros? Eso es lo que se intentará dilucidar en ese juicio, que sentará en el banquillo a seis acusados.
Durante las ocho jornadas previstas (cinco en Arrecife y tres en Las Palmas de Gran Canaria), declararán hasta 50 testigos, la mayoría de ellos a petición de la defensa, que intentará demostrar que esos pagos estaban justificados y que Batllori acudió a alguna reunión en nombre de esas dos instituciones.
Sin embargo, durante la instrucción de la causa, el secretario del Ayuntamiento de Arrecife, Francisco Javier López Martínez, fue tajante: "No consta ningún documento administrativo relacionado con Don Francisco J. Rodríguez Batllori" en ningún departamento del Consistorio capitalino.
Ni los concejales ni el alcalde confirman su versión
El propio concejal de Hacienda, José Miguel Rodríguez, encargado en esa época de autorizar los pagos del Consistorio de Arrecife, declaró ante el juez que le constaba que Batllori no había prestado servicios para el Ayuntamiento y que lo que hacía era actuar como "abogado personal de Dimas". Y tampoco las concejales para las que supuestamente prestaba servicios, ni el entonces alcalde, Enrique Pérez Parrilla, confirmaron la versión de Batllori.
Según declaró durante la instrucción Batllori, que admitió no tener ningún tipo de contrato firmado con el Ayuntamiento, realizó gestiones para las Concejalías que ostentaban entonces Luisa Blanco y Emilia Perdomo. La segunda, que fue citada a declarar y acudirá al juicio como testigo de la Fiscalía, niega haber contado con los servicios de Batllori. En cuanto a Luisa Blanco, que es otra de las imputadas en esta causa y estará en el banquillo de los acusados junto a Rodríguez Batllori, se negó a declarar cuando el juez le intentó preguntar por primera vez por este tema.
Por su parte, el entonces alcalde de Arrecife, Enrique Pérez Parrilla, también fue citado como testigo y declaró que desconocía la supuesta vinculación de Rodríguez Batllori con el Ayuntamiento que él presidía.
Expedientes que "no se encuentran" en Intervención
En su escrito fechado en 2012, el secretario del Consistorio señalaba además que los expedientes de 2008 y 2009 que le solicitó el Juzgado sobre los pagos a Batllori "son expedientes contables" y "deberían estar en el archivo de Intervención", pero no estaban. "La interventora accidental (que en ese momento reemplazaba al interventor Carlos Sáenz, tras su detención el caso Montecarlo), dice en su informe que desconoce los motivos por los que no se encuentran", respondía el secretario al Juzgado de Instrucción.
Lo único que encontraron tras consultar a todos los departamentos fue "un asiento en el registro de entrada" de una "minuta de honorarios" que presentó Rodríguez Batllori al Ayuntamiento en mayo de 2008, y que aún figuraba en el archivo del Registro General del Consistorio.
Durante la instrucción, el propio Batllori declaró que cobraba facturas de unos 3.500 euros mensuales (un mes de Inalsa y otro del Ayuntamiento de Arrecife), por las supuestas gestiones que realizaba para ambas instituciones. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que esos servicios nunca llegaron a prestarse y que lo que realmente se estaba pagando eran, en todo caso, los servicios personales que Rodríguez Batllori prestaba a Dimas Martín, que en ese momento se encontraba en prisión por malversación de fondos públicos.
Cuando Dimas Martín fue detenido estando en la cárcel en la primera fase de la Operación Unión, los agentes de la UCO encontraron en su celda una factura que Batllori pretendía cargar al Ayuntamiento de Arrecife, así como cartas en las que el ex consejero canario pedía la mediación de Dimas para cobrar ésa y otras facturas al Consistorio y a Inalsa.
También había cartas entre Dimas y José Miguel Rodríguez, que pedía instrucciones al líder histórico del PIL sobre qué debía hacer con esos pagos. El propio Rodríguez se sentará también en el banquillo de los acusados, aunque en su caso ha confesado los hechos que se le imputan y hasta ha devuelto el dinero que reconoce que malversó en esta causa.
