La Mesa Social por el Agua acordó por unanimidad, el pasado martes, según afirma en un comunicado, que el representante del Comité de Empresa de Inalsa, David Luna, sea designado como portavoz de la misma. También establecieron solicitar la convocatoria urgente y extraordinaria del Consejo de la Reserva de la Biosfera. Aquí cuentan con el apoyo de la Fundación Cesar Manrique y la Universidad de Las Palmas.
El pasado martes, quedaba así constituida la Mesa, compuesta por "el Comité de Empresa de Inalsa, algunos ayuntamientos, los sindicatos, los partidos políticos, los representantes de los diferentes colectivos y asociaciones vecinales, ecologistas y sociales de la Isla, y ciudadanos que han estado acudiendo durante varias semanas, a las asambleas convocadas por los trabajadores de Inalsa, en contra del desarrollo del Plan de Viabilidad", señala el comunicado.
De esta forma, la Mesa Social se constituye con el apoyo y respaldo social de más de 36 colectivos que no están conformes con la aprobación de un Plan que "no cuenta con el consenso de dichos colectivos que la integran, que no contempla los informes técnicos, jurídicos y económicos necesarios que lo avalen, y que si los máximos responsables de Inalsa lo ejecutan, tal y como está aprobado, pondría en peligro el carácter público de la entidad", explican desde la agrupación.
Por todo ello, la Mesa Social por el Agua dice, de forma literal, en su comunicado:
1) Si, a la viabilidad y modernización de Inalsa. Queremos una empresa saneada y con unas tarifas justas.
2) No, al acuerdo extrajudicial con la UTE Edam-Janubio por el cual se le abona 2,5 millones de euros por un contrato que según el Consorcio y el Consejo Consultivo de Canarias es nulo de pleno derecho.
3) No, a la financiación de obras e infraestructuras básicas mediante la modalidad de créditos de empresas privadas por valor de 47 millones de euros, que en realidad supondrá la privatización de la empresa pública vía embargos, por incapacidad de devolución de los mismos.
4) No, a la ejecución inminente de las obras contempladas, en los plazos establecidos por el plan, sin fijar criterios de priorización.
La próxima reunión de la agrupación será el próximo 23 de junio. Ese día "se concretarán las próximas instancias y acciones a emprender para paralizar la ejecución de dicho Plan que podría poner en riesgo la distribución y producción pública del agua en la Isla", explica la Mesa.