El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, aclaró este martes en el Parlamento de Canarias que tanto la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) como su departamento son ajenos a la ejecución de las sentencias correspondientes a los hoteles en situación irregular en Lanzarote.
El responsable autonómico especificó que las funciones de la Apmun y el departamento que dirige se ciñen a la instrucción, resolución y ejecución de procedimientos que afectan al suelo rústico de las Islas, fruto de denuncias presentadas por las corporaciones locales, el Seprona o los ciudadanos.
El responsable autonómico subrayó que, cuando un expediente llega a manos de los tribunales y resuelven la ejecución de una sentencia, es la administración condenada la encargada de llevar a cabo el restablecimiento del orden jurídico perturbado y, en su caso, de la realidad física alterada.
Tal es el caso de los hoteles de Lanzarote, cuyas licencias fueron impugnadas por el Cabildo y ya han recaído sentencias sobre ellas. Domingo Berriel apuntó en la Comisión parlamentaria que estas resoluciones judiciales "deberán ejecutarse directamente por la corporación otorgante de la licencia, requiriendo la subsanación que corresponda o, si fuese imposible, el restablecimiento de la realidad física alterada.
El titular de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial aclaró que la Apmun y el departamento que dirige son ajenos a este tema, aún en el caso en que la administración responsable de ejecutar la sentencia se opusiera a cumplir el mandato judicial.
Domingo Berriel matizó que la Agencia centra su actividad en el suelo rústico, porque el control en el suelo urbano, así como el de los suelos de asentamiento rural con ordenación pormenorizada, corresponde fundamentalmente al Ayuntamiento.
Por otro lado, destacó el alto índice de acuerdos municipales que recibe anualmente la Agencia para la supervisión de su legalidad, siendo bajo el número de los expedientes que son objeto de impugnación ante la Justicia. De hecho, de los 11.000 acuerdos municipales recibidos en 2009, la Apmun impugnó sólo 4 ante los tribunales.
Sin datos sobre establecimientos turísticos
Domingo Berriel, que compareció este martes en la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para dar cuenta de los procedimientos incoados por infracciones territoriales relacionadas con el ámbito turístico, se refirió a la imposibilidad de aportar los datos requeridos al no existir en el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias tipificación alguna referida específicamente a la finalidad turística de los actos de edificación. "Para la Apmun se engloban, en su caso, en las infracciones contra la ordenación territorial", matizó.
El consejero hizo hincapié en el arduo trabajo que supondría a la Agencia la obtención los datos solicitados, ya que sería necesaria la revisión de cada uno de los expedientes tramitados para la localización específica de las acciones referidas al uso turístico o no de las edificaciones.
No obstante, Domingo Berriel puso a disposición de la Comisión parlamentaria los 13.023 expedientes tramitados por la Agencia hasta diciembre de 2009 para su revisión, por si alguno de sus miembros estuviera interesado en su análisis.
"La paralización de la Agencia para elaborar estas estadísticas no sería razonable, pues tanto el Parlamento como la Audiencia de Cuentas de Canarias en su informe elaborado sobre la actividad de la misma han dejado constancia de la necesidad de que la Agencia sea lo más eficaz posible en la protección de nuestro territorio", subrayó Berriel.
Zonas turísticas
Tras esta aclaración, el consejero matizó que las zonas turísticas se encuentran en suelo urbano, de ahí que las competencias para su instrucción correspondan a los ayuntamientos.
"Ninguna de las 31 corporaciones locales consorciadas con la Apmun han transferido o delegado sus competencias a este organismo público de naturaleza consorcial en el ámbito urbano de sus respectivos municipios", apuntó Domingo Berriel durante su intervención parlamentaria.
El consejero añadió que la Asamblea de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural acordó en 2002 que la prioridad de sus actuaciones se centra en el suelo rústico.
Asimismo, Domingo Berriel dijo que sólo 17 agentes dependen de forma directa de la Agencia, cuya labor se centra en la instrucción de expedientes que tienen que ver con actuaciones denunciadas por carecer de títulos habilitantes para la construcción o cuando se constata que la misma no se adapta a la licencia concedida.
"Sólo cuando el permiso otorgado revela de forma manifiesta su disconformidad con el ordenamiento jurídico, la Agencia, en virtud de lo establecido en el Texto Refundido, procede a su impugnación ante los tribunales". El consejero hizo esta matización por el alto número de acuerdos municipales que recibe la Agencia y que sólo unos pocos son impugnados.
Domingo Berriel puso como ejemplo de su consideración los 11.000 acuerdos municipales que fueron remitidos a la Agencia en 2009 de las dos provincias canarias, dando lugar a la impugnación ante los tribunales de cuatro de ellos, que están relacionados con la concesión de licencias en suelo rústico.
ACN Press
