Tras anunciar que se dirigía desde el aeropuerto de Lanzarote hasta Tenerife para mantener un encuentro con la Audiencia General de Cuentas para comprobar el estado del expediente de Inalsa, el consejero delegado de la Empresa Insular de Aguas, Mario Pérez, negó ayer vía telefónica en el programa radiofónico Buenos Días Lanzarote, de Radio Lanzarote, que el contribuyente sea el que vaya a pagar ahora e su bolsillo las consecuencias de la incongruente gestión de años atrás por parte de quienes dirigieron el ente años atrás.
Después de recordar que el Consejo de Administración de Inalsa acordó este pasado martes que fuera la Asamblea del Consorcio del Agua, es decir, los siete ayuntamientos y el Cabildo, la que debía proponer una alternativa a la [cuota de servicios->http://www.lavozdelanzarote.com/article.php3?id_article=745] que la empresa cobra desde principios de 2005, y por la que tanto multitud de ciudadanos como organismos públicos y privados ya se han quejado y han solicitado su inmediata retirada, el consejero delegado de Inalsa, Mario Pérez, quiso diferenciar ayer la anterior gestión en el organismo con la novedad de la implantación de la tasa bimensual. "Los problemas económicos de Inalsa no se van a solventar por esta cuota", aseguró.
"Tenemos en Inalsa un presupuesto de 5.000 millones de pesetas, de los que entre unos 300 y 400 provienen de esta cuota que pagan los usuarios. Pero es que el precio del agua no ha variado en Lanzarote desde 1984. Antes y ahora una tonelada de agua cuesta 125 pesetas", esgrimió el dirigente.
Quejas y uso industrial del agua
Sin embargo, durante su intervención matinal en el programa decano de la radio canaria, diversas llamadas de oyentes saturaron la centralita cuestionando diversos aspectos de cara al usuario. Dado que el precio del agua es más caro a partir de un consumo superior a los 20.000 litros, un ciudadano reclamaba que en el caso de las familias numerosas, éstas consumirían evidentemente más con lo que, al mismo tiempo, pagan más por el servicio que una familia de menos miembros. Además, otro radioyente se quejaba de que la tasa para el uso turístico es fija mientras que la de uso particular varía en función del consumo.
En respuesta, Mario Pérez adujo que las tarifas de Inalsa están basadas en dos aspectos principales. "Prima el agua para uso doméstico frente a su uso comercial o empresarial. Un tramo de una tonelada le cuesta a una familia unas 125 pesetas mientras que para los sectores industriales su coste es de unas 300 pesetas, con lo que al final lo que estamos pretendiendo es que Inalsa siga siendo una empresa pública y estratégica en Lanzarote, y no como pasa en el resto de las islas, donde hay distintas empresas y algunas de ellas son privadas".
En segundo lugar, el consejero delegado aclaró que la filosofía que siguen las tarifas de Inalsa priman especialmente a los consumos menores, de tal forma que a medida que se vaya consumiendo más agua, su precio se va encareciendo (...) lógicamente, se trata de incentivar el ahorro del agua y su gestión responsable entre los ciudadanos", afirmó. "En consecuencia", afirmó, "es el sector industrial el que está asumiendo la mayoría del peso para los gastos de producción de Inalsa".
Mejores y planificados derroteros
Mario Pérez recordó que la marcha de Inalsa va en la actualidad "por unos derroteros totalmente distintos y mucho mejores que los de antaño" y destacó que el establecimiento de la polémica cuota de servicios de 10 euros bismensuales se acordó unánimemente tanto desde el Consejo de Administración, la Asamblea y el Gabinete de Crisis, dentro del paquete de las famosas y drásticas 19 medidas para corregir el rumbo de la empresa, junto a novedades como la reducción del gasto corriente o la aminoración del número de empleados.
Pérez remarcó que la cuota no se instauró "alegremente" ni que la misma fuera una medida "popular", sino que se tuvieron en cuenta una serie de parámetros y se realizó un "concienzudo análisis, acompañado incluso con simulaciones y comparaciones con el resto de islas".
El consejero delegado recordó además que en la mayoría del resto de compañías canarias dedicadas al mismo sector de Inalsa ya existía la citada cuota cuando la empresa lanzaroteña la estableció a principios de este año. Esas cuotas, además, "son en la mayoría de los casos superiores a los 5 euros mensuales que en la actualidad cobra Inalsa en las facturas de sus ya 55.000 usuarios".
Pero el dirigente sí reconoció, sin embargo, que se había detectado que muchos usuarios pagan al final más por la instauración de la cuota que por el consumo real de agua.
Por último, el dirigente nacionalista adelantó que si hasta marzo eran unos 170 los casos de fraude localizados, tras abril, mayo y junio el número de expedientes fraudulentos por uso irregular del agua identificados hasta ahora asciende ya al orden de 270. Esta cuestión está teniendo una salida bastante positiva, ya que, por un lado los propios infractores están reconociendo el fraude, sufragándose por tanto la deuda y, por otro, en el caso de aquellos infractores que no lo reconocen, éstos van directamente al juzgado y, hasta la fecha, los tribunales han dado la razón a Inalsa en todas las sentencias.
