11:00 horas del 5 de junio de 2008. El empresario Fernando Becerra entra en el despacho del consejero del PSOE, Carlos Espino, en el Cabildo, y mantiene una reunión con él. Esta cita está siendo vigilada muy de cerca por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que tienen incluso micrófonos colocados en la habitación, con el conocimiento del socialista.
Espino había denunciado previamente ante esta unidad que el 22 de mayo Becerra, al parecer, le ofreció compartir una comisión ilegal a cambio de "desbloquear" el desarrollo del proyecto urbanístico Costa Roja, situado en Playa Blanca, y que fue denunciado por la Corporación insular. Becerra habla en nombre de Luis Lleó, promotor de esta urbanización. Tras 1 hora y 50 minutos de reunión, Becerra abandona el despacho de Espino y se dirige a la cafetería "La Unión", donde se encuentra con Lleó. Comienza la Operación "Unión" en Lanzarote.
El levantamiento parcial del secreto de sumario de esta operación ha evidenciado el origen y las personas inmersas en esta presunta trama de corrupción ilegal. Y todavía queda una parte secreta, ya que la investigación sigue su curso. Más de 10.000 folios reflejan las supuestas ilegalidades que cometían cargos públicos y empresarios de la isla. Una corrupción generalizada que atañe a ayuntamientos, empresas y a la Cámara de Comercio de Lanzarote, entre otros, y que ha tocado con fuerza al partido político PIL. La denuncia interpuesta por Carlos Espino desató una operación policial sin precedentes en Lanzarote.
Inicio de los pinchazos
El secretario general del PSOE acudió el 4 de junio de 2008 a la Guardia Civil denunciando la oferta deFernando Becerra.Comienza el operativo de la Guardia Civil, que denuncia estos hechos ante el Juzgado de Instrucción Número 5 de Arrecife, que abre las diligencias oportunas.
Con la operación ya en marcha se inician los primeros seguimientos, se solicitan los pinchazos telefónicos y las grabaciones. Los primeros nombres están claros y centran la investigación en Luis Lleó, eje de toda esta supuesta trama, y Fernando Becerra, que se presenta como su intermediario. No obstante, sus conversaciones telefónicas implican a un mayor número de personas. La investigación se amplía, pues las tramas se van cruzando. La UCO empieza a pinchar un mayor número de teléfonos.
"Y en el Ayuntamiento de Yaiza, ¿cómo lo arreglamos?"
Las primeras escuchas dan su resultado. En la conversación grabada de forma secreta entre Fernando Becerra y Carlos Espino, el socialista le pregunta: "Y en el Ayuntamiento de Yaiza, ¿cómo lo arreglamos? Porque el Ayuntamiento ha cambiado de gente". A esto Becerra responde: "El Ayuntamiento lo tiene amarrado Luis (por Lleó), lo tenía amarrado de antes con Leonardo (por Rodríguez). Sobre el tema de Costa Roja, en el sumario también aparecen otros dos implicados: el arquitecto Ángel García Puertas y otro empresario más, Juan Francisco Rosa.
A raíz de los pinchazos telefónicos también salen a la palestra otras personas como Honorio Nicolás García Bravo y el de Eugenio Romero, vocal y tesorero de la Cámara de Comercio de Lanzarote. La UCO investiga el intento de Becerra de que la Cámara adquiera un edificio llamado Marina Naos, que promueve Lleó.
Además, en una de las múltiples conversaciones que mantiene Fernando Becerra, también nombra a su hermano, Ubaldo, concejal de Arrecife, lo que hace que la UCO amplíe su operativo y llegue a este Ayuntamiento.
Segunda denuncia
Con todo esto sobre la mesa, llega la segunda denuncia, el 11 de febrero de 2.009, que refuerza la investigación sobre los políticos del PIL. El empresario José Antonio Castellano García asegura que el entonces concejal de Economía y Hacienda de Arrecife, José Miguel Rodríguez, le había llegado a pedir una comisión del 20 por ciento para agilizar el pago de las facturas que le debía el Ayuntamiento y que ascendían a casi un millón y medio de euros. La Operación "Unión" abre un nuevo frente que afecta esencialmente a miembros del PIL y en cuyo centro se alza Dimas Martín, al que llaman "jefe". Dimas Martín, según el atestado policial, controla esta segunda trama.
El líder del PIL tiene conocimiento de todo lo que ocurre en el Ayuntamiento de Arrecife. Mantiene contactos habituales con Ubaldo Becerra y José Miguel Rodríguez. Con ambos, por ejemplo, trata de amañar la adjudicación del plan general, según el sumario. Además, junto a otros miembros del PIL, como Dayran Muñoz, Alfredo Rodríguez o Matías Curbelo, Dimas controla una presunta trama de comisiones ilegales con empresarios.
La trama del PIL
En este punto, también salen a relucir en el sumario personas del PIL, como Gladys Acuña. La entonces alcaldesa de Yaiza tuvo que responder ante la Guardia Civil sobre un supuesto negocio con el servicio de basuras, que presuntamente intentaba "comprar" Jorge Álvarez, a través de de Dimas Martín. Además, también se le pregunta por las obras irregulares en la vivienda de Dimas, en Yaiza. Sobre este tema, también testificaron los imputados Leonardo Rodríguez y el presidente de Coalición Canaria, Jesús Machín, ya que supuestamente ambos, aún conociendo los informes negativos sobre estas obras, apostarían por no parar esta construcción. El sumario llega también al consejero del PIL e hijo de Dimas, Fabián Martín, por su presunta implicación en el Plan General de Yaiza, en el que no tiene ninguna competencia. Fabián Martín reconoce que mantuvo una reunión con su padre, Gladys Acuña y el concejal de Obras de Yaiza, Juan Lorenzo Tavío, sobre este asunto.
La Guardia Civil estima que hay dos grandes tramas: la que ejercería Luis Lleó y la que encabezaría Dimas Martín. Estas dos tramas se cruzan según avanza la investigación y, además, incluso existen también 21 subtramas. De éstas, algunas de ellas ya son piezas separadas como, por ejemplo, la del Teatro Insular, que afecta al alcalde de Arrecife, Enrique Pérez Parrilla y al ex consejero de Cultura, Rubén Placeres. Además, durante la investigación han surgido nuevos indicios de otras tramas tanto por la documentación incautada, como por las declaraciones de los imputados.
