La presidenta en funciones del Cabildo, María Dolores
Luzardo confirmó a LA VOZ que los juristas del Cabildo habían ratificado este lunes la resolución de la Junta Electoral Central, y que determinaban que la nueva presidenta debe ser Inés Rojas, del sector crítico del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL). "El informe que ha hecho el secretario va en la línea del de la Junta Electoral Central, y yo ya he convocado el pleno para la proclamación y toma de posesión de la nueva presidenta" -dijo-, según ambos informes, Inés Rojas, y el socialista Manuel Fajardo, como propone a la presidencia el tripartito entre Partido Socialista en Lanzarote (PSC-PSOE), Coalición Canaria (CC) y los integrantes del PIL enfrentados a Dimas Martín.
En sus conclusiones, el secretario de la Corporación recuerda que el artículo 201.5 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral "atribuye el derecho a acceder a la presidencia del Cabildo a favor del consejero que sea cabeza de la lista más votada" y aclara que, al haber llegado Francisco Cabrera a la presidencia mediante una moción de censura a María José Docal y "no arrastrando hacia su lista, la del Grupo Popular, la condición del cargo que ocupaba, recobra vigencia práctica ese precepto electoral".
Nada más tener constancia del dictamen, Luzardo convocó el pleno, que se celebrará el próximo jueves, 30 de junio, a las 12:00 horas.
"Ni vinculantes ni preceptivos"
Al respecto, el PSC-PSOE se apresuró este lunes a adelantar que "ni el informe de la Junta Electoral ni el de los juristas internos son vinculantes, ni siquiera preceptivos". El PSC denuncia que Luzardo "no tiene la potestad" para establecer cuál es el mecanismo que debe vislumbrar una solución para la actual crisis. Por ello, los socialistas registraron oficialmente por la mañana un escrito en el que solicitan a Luzardo que, antes de convocarse el pleno del jueves que viene, se someta al criterio de la Junta de Portavoces la decisión sobre el sistema de designación del nuevo presidente, y que se convoquen dos plenos extraordinarios y sucesivos a celebrar el mismo día, uno para decidir el modo de la sucesión, y el otro para la designación del presidente.
Según la exposición del PSC en el documento registrado, "con independencia del sentido de los informes que se obtengan, la decisión final que deberá adoptarse sobre el sistema de designación del nuevo presidente corresponde en exclusiva al órgano político de la Corporación que, desde luego, no puede ser la presidenta en funciones de la misma sino la Junta de Portavoces o el Pleno de la Corporación".
El PSC-PSOE rechaza que "quien interinamente desempeña -por unos pocos días- la presidencia del Cabildo imponga su criterio unipersonal", pues ello "atentaría contra el sistema democrático y el sentido común", y aboga por que, a pesar de ambos dictámenes, se opte por la elección mediante votación en el pleno", y no proclamación, "como exige la democracia".
Moción de confianza
Ambos informes especifican que debe primar a la lista más votada por encima del acuerdo entre la mayoría de los consejeros que conforman el nuevo pacto, que propone a la Presidencia al socialista Manuel Fajardo.
Según fuentes jurídicas consultadas por LA VOZ, el secretario general del PSC en Lanzarote sólo sería presidente siempre que todos los cargos escogidos del PIL renunciaran al puesto, cosa muy improbable, ya que el sector oficialista de los insularistas ya ha anunciado por activa y por pasiva que no rechazará la Presidencia aunque no tenga mayoría de gobierno. En caso de que Inés Rojas renuncie a la Presidencia del Cabildo para entregársela a Fajardo, la siguiente en la lista, la pilista Plácida Guerra, bloquearía el nombramiento del socialista, tal y como ha anunciado el propio Dimas Martín.
No obstante, cabrían otras salidas legales para el tripartito, aunque poco respaldadas, como una cuestión de confianza. Aunque los juristas del Cabildo insisten en que el presidente debe ser elegido por proclamación y no por elección como los alcaldes, señalan que el Pleno podría elegir otro candidato diferente al cabeza de lista, únicamente con una cuestión de confianza contra la virtual presidenta. Este extremo es posible desde la reforma introducida con la Ley Orgánica 8/1999, de 21 d abril, "cuando por primera vez en el actual Estado democrático se habla de una posible elección del presidente del Cabildo", indica el informe del secretario al final de sus 11 folios.
