Los administradores concursales que gestionan Inalsa desde 2009 han solicitado al juez del Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria medidas cautelares, que incluyen el embargo de bienes de los miembros de los dos consejos de administración anteriores a la etapa concursal, según publica la edición impresa de Canarias 7. La solicitud se dilucidará en un juicio que se celebrará los próximos días 27, 28 y 29 de junio.
Esta medida afectaría tanto a los miembros del consejo presidido por Inés Rojas, que estuvo al frente del mismo entre julio de 2006 y julio de 2007, como al de Manuela Armas, que lo presidió entre julio de 2007 y octubre de 2009. De esta manera, el posible embargo de los bienes, según publica Canarias 7, afectaría a un total de 18 personas, la mayoría de ellos cargos públicos en la isla, que también podrían responder con un aval bancario. Los administradores concursales solicitan estas medidas porque consideran que la actual situación de Inalsa podría haber sido provocada por los gestores de la empresa.
En este sentido, afirman que los gestores anteriores de Inalsa debían de haber pedido entrar en un concurso de acreedores mucho antes que en 2009, ya que desde principios de 2007 la empresa "ya era insolvente", según Canarias 7. Cabe recordar que fue el propio Cabildo, presidido entonces por Manuela Armas, quien ya se planteó a principios de 2009 someterse a la Ley Concursal, algo que casi le cuesta al PSOE la ruptura del pacto con el PIL. Finalmente, el PIL acabó cediendo en abril de ese mismo año, después de haber protagonizado varias negociaciones con los acreedores, en las que incluso participó Dimas Martín.
La propia consejera delegada de Inalsa, Plácida Guerra, que ha ocupado ese cargo durante años, terminó ofreciendo entonces una rueda de prensa para anunciar su cambio de postura yasegurar que la intervención judicial era la mejor opción para "proteger a la empresa jurídicamente".
En concreto, las 18 personas señaladas por los administradores concursales son, además de Inés Rojas y Manuela Armas, Plácida Guerra, que ejerció como consejera delegada durante la legislatura gobernada por el pacto entre el PSOE y el PIL (además de otras etapas anteriores); Mario Pérez, consejero delegado de Inalsa durante la presidencia de Inés Rojas; José Torres Stinga, Manuel Fajardo Palarea, José Juan Cruz Saavedra, Sergio Machín, Aquilino Romero, José Dimas Martín, Enrique Pérez Parrilla, Juan Félix Eugenio, Carlos Espino y Antonio Barambio, que durante ese tiempo, en una u otra etapa, formaron parte del Consejo de Administración de la empresa pública de aguas, en representación del Cabildo o de sus correspondientes ayuntamientos.
Asimismo, esta petición de los administradores concursales también afecta a Pedro Viera, a Jesús Rodríguez, a Rafael Martín y a Feliciano Díaz.
