La Operación "Jable" se ha saldado hasta el momento con 25 detenciones y ha superado a su antecesora, la Operación "Unión, que dejó 21 arrestos. Además, las cantidades económicas investigadas y los nombres de algunos de los nuevos imputados también dan una mayor dimensión a este nuevo operativo.
Sumando ambas operaciones, que se enmarcan en el mismo procedimiento judicial, el caso "Unión", el número total de detenidos se eleva a 46. A esa cifra hay que sumar al menos otra veintena de imputados ya confirmados en la primera fase, más los que puedan conocerse en los próximos días.
Así, la nueva embestida de la UCO y del Juzgado de Instrucción Número 5 de Arrecife se ha saldado con las tres nuevas fases que ya se han llevado a cabo desde el lunes 19 de abril, aunque todas ellas continúan abiertas y no se descartan nuevas detenciones o imputaciones vinculadas a esas presuntas tramas.
La última detención, la del empresario Juan Francisco Rosa, se produjo el pasado miércoles y los agentes de la UCO registraron durante horas la sede de una de sus empresas, Galerías Rosa, de donde salieron con una gran cantidad de cajas de documentación.
Su nombre ya aparecía en la primera parte del sumario de la Operación "Unión" e, incluso, figuraba como imputado en dos autos del juez. Sin embargo, hasta el momento no había trascendido que hubiera sido llamado siquiera a declarar y él había negado en un comunicado su implicación en la causa. Ahora, ha pasado a estar detenido.
Su caso no es el único. Nuevos arrestados como el concejal del PIL en Arrecife, Antonio Machín, el abogado Francisco Rodríguez Batllori o el empresario José Luis Betancort, de Construcciones Torres, también aparecían en ese sumario, en algunos casos en conversaciones telefónicas y en otros, citados por algunos de los imputados en la causa, durante su confesión ante el magistrado.
Sin sorpresas
Así, del factor sorpresa que marcó la primera fase del caso "Unión", cuando las escuchas telefónicas, la discreción de los agentes para llegar cuando nadie les esperaba y las declaraciones de los detenidos fueron clave, se ha pasado una nueva etapa, en la que lo determinante es la contundencia de las pruebas.
Unas pruebas que habrían permitido fundamentalmente tres cosas. Por un lado, remover el pasado y encontrar supuestos hechos delictivos de legislaturas anteriores, que han llevado a prisión provisional a la ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, al jefe de la Oficina Técnica de Arrecife, Rafael Arrocha, y al gerente de Urbaser, Jacinto Álvarez, y provocaron la detención, entre otros, del ex consejero del Cabildo Miguel Ángel Leal.
Por otro, demostrar que Dimas Martín tendría un presunto patrimonio oculto de 8,5 millones de euros, repartido en un entramado de sociedades controladas por testaferros. Y además, atar algunos de los "cabos sueltos" de la primera fase del caso "Unión" y extenderla también, al menos en parte, al Cabildo de Lanzarote.
En definitiva, según la nota de prensa de la Guardia Civil, "ha permitido poner al descubierto un complejo e importante entramado de corrupción, asentado en varias instituciones de la isla de Lanzarote". Y todo ello, gracias a la documentación intervenida hace casi un año, tanto en el Ayuntamiento de Arrecife como en distintas oficinas, viviendas y despachos de los detenidos en la primera fase de la Operación "Unión".
Además, los testimonios de algunos de los imputados en la causa también habrían podido ayudar a abrir o consolidar nuevos frentes de la investigación.
El pasado miércoles, el ex concejal del PIL en Arrecife, José Miguel Rodríguez, que también volvió a ser detenido en la Operación "Jable", fue llamado a declarar otra vez por César Romero Pamparacuatro. Primero, durante el interrogatorio de su ex compañera en el Ayuntamiento de Arrecife, Luisa Blanco, que quedó en libertad bajo fianza e imputada por cohecho y malversación de fondos públicos. Al día siguiente, la escena se repitió, pero esta vez para contraponer su testimonio al de Antonio Machín, que después fue enviado a prisión provisional.
Red de sobornos
El eje de esta nueva intervención de la UCO, una vez más, vuelve a estar en una red dedicada al cobro de comisiones ilegales que, aunque salpica a casi todos los partidos de la isla, bien a través de cargos públicos actuales o ya retirados, sigue teniendo su eje central en el PIL y en la figura de Dimas Martín. De hecho, su mujer y tres de sus hijos están imputados en la causa y, desde el 25 de mayo de 2009, han sido detenidos trece cargos públicos o militantes del partido (entre ellos las dos hijas de Dimas). Además, al menos tres más están imputados en la causa.
A esta lista se podría sumar a la ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, ya que aunque actualmente milita en Coalición Canaria, los hechos que se le imputan se remontan a su etapa en el PIL. Y es que los investigadores creen que el presunto cobro de comisiones se remonta a muchos años atrás, y también los posibles delitos de asociación ilícita que se les imputan a varios miembros del Partido de Independientes de Lanzarote.
Respecto a los empresarios que presuntamente pagaron sobornos para conseguir la adjudicación de obras o servicios, también consideran que, en muchos casos, la connivencia con la administración pudo ir mucho más allá, cargando a las instituciones facturas "infladas" o incluso ficticias, con el consentimiento de los cargos públicos y los técnicos imputados.
Ahora, con los nuevos registros, detenciones y tomas de declaración, se abre una nueva etapa de análisis de toda la documentación, como ya sucediera hace un año. Y a la espera de los nuevos pasos de la UCO y del Juzgado de César Romero Pamparacuatro, el caso "Unión" continúa abierto.
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