Las Jornadas de "La Prueba Ilícita en el proceso penal", organizadas por Juriscomer Canarias, arrancaron este jueves en el Arrecife Gran Hotel con un gran éxito de participación. Así lo manifestó su director, Ignacio Stampa Fuente, fiscal de la provincia de Las Palmas de la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo en Lanzarote: "La acogida ha sido fantástica. Hay un gran número de abogados. Sin ir más lejos, el propio decano cifraba en un 80 por ciento los abogados matriculados entre aquellos que llevan asuntos penales". Y añade: "Además, ha venido un gran número de jueces, fiscales, policías y guardias civiles".
Todos los presentes pudieron disfrutar de las intervenciones de algunos de los más importantes juristas a nivel nacional, quienes durante la primera jornada centraron sus ponencias, fundamentalmente, en la actual dificultad para delimitar, territorializar y perseguir delitos cometidos en el ciberespacio.
Así, la primera intervención corrió a cargo de Manuel Marchena Gómez, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, quien destacó lo complejo de este tipo de faltas: "Con carácter general, los delitos se persiguen en el ámbito de la soberanía en el cual se han cometido. No obstante, la globalización ha terminado por influir también en la delincuencia. Los delitos informáticos zigzaguean a través de las fronteras y en un ámbito de actuación donde el anonimato es muy sencillo".
Esta misma idea fue resaltada, también, por el propio Stampa Fuente quien, asimismo, la conjugó con la necesaria intimidad a la que debe tener derecho una persona cuando accede a la red universal: "Hay que buscar un punto de equilibrio entre la persecución de la ciberdelincuencia y ese espacio de intimidad al que todos aspiramos cuando nos incorporamos a la red".
Por otra parte, y con este marco general relativo a las complicaciones de adaptar la jurisprudencia a las nuevas tecnologías, en esta primera jornada intervinieron, también, José Antonio Choclán Montalvo, abogado y magistrado en excedencia, quien profundizó en el tratamiento procesal de prueba ilícita; y Miguel Serrano Solís, fiscal Antidroga de Tenerife, quien aludió durante su intervención a los conflictos que se derivan de las escuchas telefónicas.
