La comparecencia convocada por la juez del Juzgado de Instrucción Número 5 de Arrecife, Silvia Muñoz, ya ha llegado a su fin, y con ella ha quedado echada la suerte de la bodega Stratvs. Tras escuchar a todas las partes, la juez debe ahora decidir si ordena el cierre total de la instalación, tal como han solicitado hasta cuatro partes presentes en el procedimiento.
La vista se convocó tras la solicitud de cierre planteada por la familia Negrín, que se personó en la causa como parte perjudicada, ya que sostiene que la bodega se levantó sobre parte de sus terrenos. Sin embargo, no ha sido la única en defender esta medida cautelar. La Fiscalía también ha solicitado el cierre durante la comparecencia, al igual que la acusación popular, representada por la asociación Transparencia Urbanística.
A ellos, además, se ha sumado uno de los imputados en este procedimiento: el técnico de Actividades Clasificadas del Cabildo Manuel Jesús Spínola. Su abogado, que además es director de la asesoría jurídica del Cabildo, Pedro Fraile, se ha mostrado partidario del cierre. Y es que su cliente sostiene que el proyecto sobre el que él informó favorablemente desde la primera Corporación, no es realmente el que se terminó desarrollando.
Además de una larga lista de delitos contra el territorio, el patrimonio histórico e incluso contra la Agencia Tributaria, en la causa también se investiga un delito contra el Medio Ambiente, que podría ser el determinante para adoptar esta medida. De hecho, justo después de convocar esta comparecencia, la juez pidió un informe al Seprona sobre el sistema de depuración y evacuación de aguas residuales de la bodega, para confirmar si existe actividad contaminante en esta instalación, tal como advertían informes del Gobierno de Canarias y del Consejo Insular de Aguas que se han incorporado a la causa.
Peritos oficiales y peritos de la defensa
Tras realizar una nueva inspección en las instalaciones el pasado 9 de diciembre, los agentes del Seprona enviaron las muestras al Instituto de Toxicología de Sevilla, que ya ha enviado sus conclusiones. Y con esos resultados en la mano, la Fiscalía se ha sumado a la solicitud de cierre, al igual que las otras dos acusaciones y uno de los imputados.
Por su parte, la defensa ha aportado durante la comparecencia tres informes privados, encargados por Juan Francisco Rosa a tres ingenieros, para intentar demostrar que la instalación cumple con la normativa en lo que respecta al tratamiento de las aguas residuales. Incluso, un técnico responsable de uno de esos informes ha estado presente también en la vista para prestar declaración.
Sin embargo, lejos de convencer a la Fiscalía y a las acusaciones particulares, tras escuchar su testimonio éstas se han reafirmado en su solicitud de cierre. Ahora, la decisión está en manos de la juez, que en los próximos días deberá dictar un auto resolviendo si ordena o no el precinto de toda la instalación.
Rosa se niega a declarar
Además de esta comparecencia para decidir sobre el posible cierre de Stratvs, este miércoles estaba prevista la declaración de un representante de la sociedad BTL, ya que la juez también decidió imputar a la empresa hace dos semanas, acogiéndose a una nueva figura del Código Penal reformado en 2010.
En representación de la empresa ha ido Juan Francisco Rosa, que ya estaba imputado en la causa a título personal por varios delitos, y que en esta ocasión no ha llegado a declarar. Tras afirmar que no iba a prestar declaración, Rosa se ha sentido indispuesto y ha abandonado la sala.
Después, el empresario ha regresado al Juzgado para participar junto a su abogado, Felipe Fernández Camero, en la comparecencia sobre las medidas cautelares, en la que se han reunido un buen número de letrados de las distintas partes.
Junto a Rosa y la empresa BTL, en la causa hay imputadas otras 16 personas, entre técnicos y políticos del Gobierno de Canarias, del Ayuntamiento de Yaiza y del Cabildo de Lanzarote.
La investigación judicial sostiene que la bodega recibió licencias ilegales, pero también que lo construido ni siquiera tiene que ver con lo que se había autorizado "indebidamente". Así lo sostienen diversos informes técnicos que obran en la causa, tanto del Cabildo de Lanzarote como del Gobierno de Canarias, que explican que lo que se pidió fue licencia para rehabilitar una construcción preexistente, que tenía valor etnográfico, y lo que se hizo fue derribarla y realizar una edificación mayor. Además, señalan que donde debería ir la bodega levantaron un restaurante (careciendo de permiso para ello), y que la bodega se construyó en otra zona no autorizada, y ocupando casi el doble de lo que había solicitado.
Incluso, un informe de la Dirección de Aguas del Gobierno de Canarias advierte de que existe un "alto grado de contaminación" en "el sanitario de baños y lavado de la bodega, que sobrepasan de una manera increíble los límites establecidos", "filtrándose dicha contaminación al terreno de cultivo".
