El pasado mes de diciembre el Ministerio de Medio Ambiente procedió a "una modificación puntual de la Ley de Costas, que no altera su espíritu general". Esta concierne al régimen de las concesiones sobre el usufructo de la vivienda, que la Administración estatal permite durante 30 años máximo al titular de la misma, sin que hasta la fecha pudiera cederla en herencia, o venderla a terceros.
La modificación fue decidida a finales del 2008 introduciéndola a través del proyecto de Ley de Navegación Marítima, y no directamente sobre la Ley de Costas.
La valoración de esta modificación en la aplicación de la Ley de Costas ha creado controversia entre los afectados socios de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas. Mientras una parte lo define como un importante logro, "pero tímido", otros consideran que "crea una indefensión jurídica importante a cualquier posible comprador de la vivienda, ya que no compra la propiedad, sino sólo una concesión, que puede además ser revocada en cualquier momento por el Ministerio", señala a ACN Press, Carmen Del Amo, presidenta de la Plataforma, hasta que recientemente fuera cesada de su cargo.
"Me han cesado antidemocráticamente por negarme a valorar como positiva esta modificación en la Ley, tal y como sí hace José Ortega, que ha adoptado el papel de portavoz, y representante de la Plataforma, cuando no es mas que un abogado".
Es en la web de la Plataforma donde se puede leer la valoración positiva de Ortega, en un artículo escrito por él mismo, en el que recalca también la necesidad de lograr una modificación mas completa, "queremos una reforma de mucho mayor calado que reconozca este derecho a supuestos que no aparecen claros en la Ley".
Ambas opiniones coinciden en un mismo punto, referido a la crudeza con que se está aplicando la Ley, especialmente en Canarias, donde el derrumbe de viviendas está a la orden del día.
Del Amo recuerda como miembro de la Plataforma de afectados, que el Gobierno "tiene derecho en todo momento a la recuperación posesoria de la vivienda, que es lo que esta haciendo principalmente en Canarias, para después derribar sin ningún tipo de indemnizaciones a los titulares".
ACN Press
