"Mesa Social en Defensa de lo Público: Ahora el Agua". Ése es el nombre de la nueva plataforma que se constituyó oficialmente en la tarde de este martes, y en la que están integrados la Confederación vecinal canaria (COVINCA), la Asociación de Consumidores de Lanzarote (Aculanza), la Confederación General del Trabajo (CGT), el Comité de Empresa de los Centros Turísticos, el Secretariado Insular de Intersindical Canaria Lanzarote y Alternativa Ciudadana 25 de Mayo.
A la reunión, "también asistieron distintos observadores de colectivos y asociaciones vecinales", según destacan desde esta nueva plataforma. Sus integrantes acordaron "iniciar una lucha contra la decisión del grupo del gobierno del Cabildo de Lanzarote", compuesto por Coalición Canaria y el PSOE, "de privatizar el ciclo integral del agua de Lanzarote".
Esta Mesa Social propone que Inalsa se disuelva "y que sea el Consorcio Insular de Aguas el que gestione el agua publica en la isla". Además, reivindican que la deuda de Inalsa sea pagada, "como tiene establecido la Ley Concursal", con "el patrimonio de los responsables de los dos últimos consejos de administración que sometieron a Inalsa a la actual situación de quiebra".
Además, han hecho "un llamamiento a la ciudadanía de a unirse en la defensa del agua pública, un bien tan escaso y estratégico para nuestra isla".
Mesa redonda
El día anterior a esta constitución formal de la plataforma, también se celebró una mesa redonda en la Sociedad Democracia, "para informar a la ciudadanía de los riesgos de privatizar Inalsa".
Uno de los participantes en la mesa fue el miembro de Alternativa Ciudadana y ex concejal del partido en Arrecife, Andrés Barreto, que expuso algunas de las razones por las que entienden que debe "impedirse esta privatización", e hizo un llamamiento a la ciudadanía, que "tiene que jugar un papel fundamental y debe salir a la calle e impedir la privatización del agua".
En representación de CGT,Manuel Plasencia, trabajador de Inalsa, alertó de una posible "subida de las tarifas" si llegase a realizarse el proceso de privatización, y denunció que "se intenta obligar a los ciudadanos a pagar una deuda de 56 millones de euros que no han adquirido ni autorizado", así como "privatizar para salvar a los 18 políticos embargados".
Por otra parte, Alternativa Ciudadana 25 de mayo informó a los presentes sobre las acciones que se han efectuado durante la semana pasada, consistentes enuna moción para reiterar la solicitud de paralización del proceso (basada en razones económicas); un recurso contra el acuerdo inicial del proceso (basado en la vulneración que entienden que se ha realizado de varios fundamentos) y una impugnación a los pliegos.
