La Mesa Social del Agua ha vuelto a reclamar que se mantenga el carácter público de Inalsa ante "el ridículo manifiesto" que considera que ha hecho el grupo de gobierno del Cabildo, formado por CC y PSOE, tras quedar desierto el concurso convocado para privatizar la gestión de la empresa pública. Desde este colectivo han vuelto a denunciar que esta licitación sólo era un "intento desesperado" para "poder así liberar del embargo el patrimonio de los gestores políticos que dirigieron Inalsa" en los dos últimos consejos de administración, antes de la entrada del concurso de acreedores.
"Apostamos por mantener el carácter público del agua y nos oponemos radicalmente a la privatización de la misma, al considerar que perjudica seriamente los intereses de los ciudadanos de Lanzarote", han insistido desde la Mesa Social del Agua, que advierte que "con esta acción, los consumidores se verán obligados a saldar una deuda millonaria que no han adquirido ni han autorizado".
Además, sostienen que "tras la privatización, vendrán de inmediato subidas de tarifas desorbitadas para pagar la corrupción, el saqueo y el despropósito a que ha estado sometida la empresa pública de agua estos años". Algo que consideran que "constituye un fraude electoral", ya que "ningún partido político contemplaba esta medida en su programa electoral".
"Suavizar el concurso para hacerlo más atractivo"
En un comunicado, la Mesa del Agua ha recordado que el pasado 26 de diciembre ya advirtió que con la inversión de 900.000 euros por parte del grupo de gobierno del Cabildo, "se intentaba suavizar el Concurso para hacerlo mas atractivo a las posibles empresas ofertantes". Ahora, agregan, "vemos que no estábamos equivocados y que están dispuestos a todo, incluso a regalar la empresa, poniéndola en manos privadas con el propósito de salvar el bolsillo de unos pocos que han gestionado la empresa pública de agua en detrimento del interés general de los ciudadanos de la isla". Así, hacen referencia a una de las posibilidades abiertas ahora, de abrir un procedimiento negociado en el que se revisen las condiciones iniciales que establecía el pliego del concurso que ha quedado desierto.
Frente a esta posibilidad, desde la Mesa Social en Defensa de lo Público piden la paralización del proceso privatizador del agua en la isla, "y parar así el despropósito de entregar algo tan estratégico para la isla a empresas privadas que la asumirían como una oportunidad de negocio".
También piden que "el control del ciclo integral del agua en la Isla vuelva a manos del Consorcio del Agua, de donde nunca debió salir", y que "paguen con su patrimonio los gestores políticos, que han sometido a la empresa pública de agua, a la corrupción, saqueo y despilfarro interesado".
En cuanto al resto de la deuda, proponen que se llegue a un acuerdo con los acreedores, a través de una quita del 25 por ciento, y con un compromiso de pago durante los próximos 15 años.
Petición de dimisiones y propuestas de futuro
La Mesa del Agua también reclama que dimitan de los actuales cargos públicos responsables; la creación de un nuevo consejo de administración, "con una conducta ética y pública ejemplar, donde se contemplen controles administrativos; abierto a la ciudadanía, transparente y riguroso que vele por elinterés general"; y que la gestión del agua "forme parte del ámbito de la democracia participativa, representativa y directa, pues sobrepasa las competencias y las habilidades de los políticos, técnicos, ingenieros o financieros".
Además, propone "el fomento de las energías renovables, ligadas a la desalación", "la introducción de equipos de eficiencia energéticas para la disminución de la factura eléctrica", "mejoras en la productividad por sustitución de membranas financiadas por el Gobierno de Canarias", "la puesta en marcha del parque eólico de autoconsumo de 3,5 megavatios, adjudicado a Inalsa en el año 2009", y la lucha contra el fraude, que "constituye el 16 por ciento del total de las pérdidas en la facturación".
En la misma línea, también exigen el cumpliento del PIOT y del Plan Hidrológico de Lanzarote, "en sus artículos 43 y 44, donde se prohíbe la gestión privada del agua". Al respecto, recuerdan que "el Cabildo ha permitido la instalación de desaladoras privadas ilegales", que suponen una "competencia desleal sobre Inalsa".
