Los establecimientos hoteleros de Lanzarote en situación ilegal podrán iniciar un procedimiento de regularización si se aprueba finalmente la Ley presentada esta mañana bajo el nombre 'Ley por la que se establecen los requisitos para la normalización de establecimientos turísticos irregulares'.
Los propietarios deberán iniciar el procedimiento para conseguir la licencia ante el Cabildo de Lanzarote. Tendrán dos meses para presentar dicha solicitud desde que se apruebe la Ley. El Cabildo emitirá después un informe técnico y jurídico sobre la viabilidad de dicha propuesta.
Será después el Pleno el que estime o rechace la solicitud presentada en un plazo de seis meses y el interesado podrá anotar esa certificación en el Registro de la propiedad. A partir de ahí los hoteles tendrán un plazo máximo de un año para efectuar la compensación que se haya previsto.
Todos los hoteles tendrán que compensar al interés general según los criterios establecidos en dicha ley, que consta de tres capítulos, nueve artículos y una disposición final en los que se desarrollan las condiciones y el procedimiento para regularlos.
No todos los establecimientos podrán regularizar su situación. Aquellos que infrinjan la Ley de Costas, que ocupen zonas verdes o que incumplan parámetros no susceptibles de homogeneización, como el número de alturas construidas, entre otras condiciones, no podrán ser regularizados y el Gobierno de Canarias tendrá que ordenar su cierre.
Proceso
Los que sí cumplan las condiciones tendrán que adaptar el edificio construido a la nueva licencia que se le otorgue. La mayoría de ellos tendrá que hacer obras, bien eliminando partes o modificando las habitaciones para adaptarse a los estándares de calidad previstos en el Plan Insular, principalmente en cuanto a metros cuadrados por plaza turística.
La Ley prevé varia modalidades de compensación. Si el hotel tiene más plazas de las que se le permitían en la autorización turística previa, deberá eliminar esas plazas cediendo al ayuntamiento correspondiente suelo con uso y capacidad turística igual, preferiblemente en el mismo plan parcial. Esas parcelas se destinarán a uso dotacional.
Si lo que se infringió fue la programación prevista en el PIO, es decir, que lo construido coincide con lo que se permitía pero se hizo en un periodo en que no se podía construir, los propietarios deberán ceder suelo turístico que suponga el 25 por ciento de la superficie de su parcela para uso público no lucrativo.
Al Parlamento
Si se aprueba la ley, que deberá ser respaldada primero por el pleno del Cabildo y después por el Parlamento, son 25 los hoteles y complejos de apartamentos en Costa Teguise y Playa Blanca afectados por la misma. Según el responsable de la Oficina del PIOT, Leopoldo Díaz, esto supone el 3 por ciento de los establecimientos abiertos en la isla, y el 12 por ciento de las plazas existentes. Significa, por tanto, que afecta a 8.000 plazas turísticas. En este sentido, todos ellos deberán iniciar su regularización y compensar al bien general.
Además de presentar este informe, el PSOE, que todavía gobierna en el Cabildo a escasos dos días de la moción de censura, ha querido dejar claro que esta ley "no es una amnistía, ni un perdón a las ilegalizaciones urbanísticas cometidas". "No es legalizar lo ilegal", ha matizado.
El Cabido presentó en el Consejo de la Reserva de la Biosfera en noviembre de 2008 el informe llamado 'Legalidad urbanística', que glosaba todos los incumplimientos caso por caso. A partir de ahí se comenzó a trabajar en la ley presentada este jueves.
La elaboración
Se elaboraron 16 borradores de la propuesta legislativa entre el Cabildo y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias. Para ello hubo dos reuniones entre ambos equipos técnicos en enero de 2009. En febrero se reunieron la presidenta insular, Manuel Armas, y el consejero Domingo Berriel.
En abril ya se dispuso de un texto consensuado entre técnicos y juristas de las dos administraciones. La Consejería decide entonces enviar el texto a un catedrático de Derecho administrativo de Madrid. En mayo, Armas y Berriel se reúnen con el catedrático, que en junio envía sus sugerencias sobre el texto.
En julio, los técnicos del Cabildo incorporan esas sugerencias y cierran el texto, que se envía el 3 de agosto al consejero Domingo Berriel. El Cabildo asegura que desde entonces no se ha tenido respuesta por parte de la Consejería.
ACN Press
