El encuentro de conciliación celebrado este jueves en los Juzgados de Arrecife entre la actual dirección de Femelan y su ex presidente, Carmelo Fierro, no ha tenido tal efecto. Es por ello que la asociación de Empresarios del Metal de Lanzarote anuncia que presentará una denuncia penal para que la anterior directiva justifique la cantidad de casi 700.000 euros.
"Hoy han presentado un documento donde la tesis principal es que él (Carmelo Fierro) no reconoce los hechos que se formulan y que, en todo caso es responsabilidad de la directiva actual el justificar o corregir ese tema", informa el abogado de Femelan, Francisco Palero, quien añade que, "no queda más remedio que poner la denuncia penal y la comunicación al Gobierno de Canarias para que sea la justicia y el gobierno, quienes conociendo los hechos, tomen las decisiones que consideren oportunas".
Ocho subvenciones sin justificar
Antonio González, actual presidente Femelan, está pidiendo la justificación de más de 600.000 euros, aproximadamente de ocho subvenciones, de las cuales, algunas ya están en proceso ejecutivo porque la justificación que se ha presentado no ha sido aceptada por el Gobierno de Canarias, durante el período que Carmelo Fierro fue presidente.
"Se han dado facturas que no responden a la realidad, otras ni siquiera están y en otras, no aparece lo que se dice haber comprado, como se desprendió de una inspección que solicitamos, ya que unos ordenadores que se decía haber comprado, no aparecieron por ningún lado", aclara el abogado. Es por ello que, "los empresarios tienen la obligación de hacer lo que están haciendo porque si no lo hicieran, serían ellos responsables colectivamente de la deuda", añade Palero.
Una derrama para asumir la deuda
Hubo un momento, antes de tomar la decisión de solicitar a Fierro la justificación de esas subvenciones, en la que la asociación se planteó hacer una derrama para asumir la deuda. Tal y como explica el abogado de Femelan, "ninguno de ellos conoció la petición de las subvenciones, ninguno participó en la toma de decisión para que se pidieran, ni para que se aceptaran".
"Esa fue una decisión del presidente con quien fuere, que es quien lo tiene que aclarar él", afirma el letrado, por lo que finalmente la decisión de los empresarios fue que,"si ellos no habían participado en la toma de decisión, por consiguiente, debería ser la justicia la que exija responsabilidades, intentando previamente, lo que hemos intentado, es decir, que el presidente asumiera la responsabilidad de justificarlas". Al no lograrlo, el abogado asegura que la próxima semana se llevará a cabo la denuncia penal.
