El Ayuntamiento de Arrecife puede respirar tranquilo. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Numero 1 de Las Palmas ha dictado sentencia en el caso del centro comercial de Valterra y lo ha hecho desestimado el recurso que hace seis años interpuso Pío Coronado S.A contra los decretos que en septiembre de 2000 dictó la entonces alcaldesa de Arrecife, Manuela Armas, denegando la licencia de apertura al centro comercial e hipermercado que pretendía construir junto al Hiperdino de este polígono industrial.
La sentencia, que ha tardado casi dos años en emitirse y cuyo fallo se ha conocido este viernes, desestima el recurso y declara que la actuación de la alcaldesa de Arrecife en su momento fue plenamente ajustada a derecho.
Así, y aunque aún cabe recurso de apelación por parte de Pío Coronado, esta decisión judicial viene a respaldar las tesis mantenidas en su momento por la que fuera alcaldesa de la capital (hoy presidenta del Cabildo), y sobre todo las que defendían desde el Círculo de Empresarios, presidido por José Parrilla, ya que la asociación también se personó en el proceso y llevó el peso legal en este pleito que podría haber supuesto un desembolso millonario al Ayuntamiento.
Antecedentes
La solicitud de los representantes de Pío Coronado pretendía ampliar las dimensiones de la sede de su hipermercado, hoy bajo la denominación de Hiperdino Valterra, cerca de Garavilla, donde años atrás funcionaban a pleno rendimiento las naves de empresas conserveras de pescado.
En enero de 2000 , los promotores presentaron al Ayuntamiento de Arrecife un proyecto con el que trataban de incrementar la superficie de venta del hipermercado, que pasaría de 1.750 metros cuadrados (m²) a contar con algo más de 6.000 m², extensión que hubiera situado a dicha superficie como la mayor sede del sector de la alimentación en toda la Isla.
Pero aprovechando este intento de ampliación del hipermercado, Pío Coronado adquirió también los terrenos colindantes, de categoría industrial, demoliendo incluso algunas naves de la zona con vistas a construir un gran centro comercial en cuyo interior estaría ubicado dicho hipermercado por cuya ampliación habían apostado en principio.
Fue este extremo el que propició la polémica, ya que el Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife contemplaba en esa zona suelo para uso fundamentalmente industrial, y sólo secundariamente de uso comercial y residencial.
Sobre el proyecto presentado ante el Ayuntamiento de Arrecife, dicho centro comercial contaba con más de 63.000 m² construidos y, en su interior, se situaban más de 70 locales comerciales de todas las categorías, lo que lo hubiera convertido en el mayor centro comercial de la Isla, con tres plantas de altura y 1.00 plazas de aparcamiento en su interior.
El proyecto presentado ante el Ayuntamiento capitalino despertó entonces un intenso debate social e institucional entre el pequeño y el gran comercio, y al mismo se presentaron cientos de alegaciones tanto por parte del tejido empresarial de Lanzarote como de representantes públicos, e incluso de los propios usuarios.
Tramitado todo el expediente y estudiados diversos informes jurídicos y técnicos, a favor y en contra de la actuación, el último acto que realizaría Manuela Armas al frente de la Corporación capitalina fue precisamente denegar la licencia de apertura solicitada por Pío Coronado tanto para ampliar el hipermercado como para levantar el centro comercial de las mencionadas dimensiones.
Esta última actuación, además de provocar una grave ruptura entre los miembros de Coalición Canaria adscritos al Consistorio municipal, levantó ampollas y dio lugar al inicio de una guerra judicial por parte de Pío Coronado en contra del Ayuntamiento.
Debate social
Fue a raíz de la negativa municipal cuando se despertó un intenso debate e interés empresarial y ciudadano por el caso. En este punto se consolidó precisamente la creación del Círculo de Empresarios de Lanzarote (CEL), cuyos integrantes plantaron cara a estos grandes empresarios en defensa fundamentalmente del pequeño y mediano comercio insular y también local y regional, ya que si bien Pío Coronado tenía orígenes isleños, ya por aquel entonces la multinacional holandesa Royal Ahold había absorbido el capital de estos empresarios canarios cuando los establecimientos bajo las marcas Netto, Cash, Supersol e Hiperdino, entre otras, ya eran propiedad del Banco Santander.
El Círculo de Empresarios se personó en esta batalla judicial como coadyugante del Ayuntamiento de Arrecife, siendo en realidad los empresarios los que han venido soportando la mayor parte del peso de la actuación municipal, limitándose el Ayuntamiento a ratificar el contenido de las resoluciones ya dictadas por la vía administrativa.
El Cabildo tampoco se quedó fuera de este debate. Aunque no se oponía en principio, como si de un campo de golf por ejemplo se tratara la Primera Corporación lanzaroteña tuvo que considerar la actuación propuesta por Pío Coronado como un gran sistema general insular.
Por ello, fueron varios los informes elaborados para conocer a la perfección la viabilidad de la zona donde se pretendía ubicar el complejo comercial y de la actuación urbanística en sí, pretendiendo que en ningún caso la apertura de un centro comercial de tales dimensiones supusiera un colapso para las comunicaciones y el transporte del principal centro neurálgico de la Isla.
