TRAS DECLARAR EN 2013, SIGUIÓ SIN ADOPTAR MEDIDAS CONTRA LA BODEGA

La juez de Stratvs imputa un nuevo delito por omisión a Gladys Acuña

Considera que tras declarar como imputada en 2013 pudo incurrir en otro delito de prevaricación urbanística, al no adoptar medidas contra la bodega pese a tener conocimiento de su ilegalidad. La juez ya había advertido de la "alarmante inactividad" de las administraciones implicadas...

10 de marzo de 2015 (22:47 CET)
La juez de Stratvs imputa un nuevo delito por omisión a Gladys Acuña
La juez de Stratvs imputa un nuevo delito por omisión a Gladys Acuña

La juez del caso Stratvs, Silvia Muñoz, ha imputado un nuevo delito de prevaricación urbanística a la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, en este caso por omisión. La juez considera que "con posterioridad al 12 de julio de 2013", que fue cuando acudió a declarar por primera vez como imputada en esta causa, Acuña pudo incurrir en un nuevo delito, al seguir sin adoptar medidas contra la bodega, pese a tener conocimiento de su ilegalidad.

En aquella declaración, en la que tuvo que responder por la autorización que dio a la apertura de la bodega, Acuña alegó que otorgó la licencia porque había informes positivos y porque desconocía las numerosas irregularidades que ha puesto de relieve esta causa. Sin embargo, la juez entiende que al menos tras esa declaración ya conocía que Stratvs "carecía de títulos habilitantes en relación a su construcción y funcionamiento" (ya que lo autorizado, un almacén-bodega de 900 metros, nada tenía que ver con lo que se realizó), y sin embargo siguió sin actuar.

Durante la declaración, la juez llegó a preguntar a Acuña si iba a adoptar medidas ahora que tenía conocimiento de la situación urbanística de Stratvs, y su respuesta fue afirmativa. Sin embargo, casi 20 días después, el Juzgado tuvo que dirigirse al Ayuntamiento a través de una providencia, para que manifestara qué medidas se habían adoptado, dado que la bodega seguía abierta.

 

Una orden de cierre parcial


Finalmente, en septiembre de 2013 el Ayuntamiento de Yaiza ordenó un precinto, pero sólo sobre el restaurante. Sobre el resto del complejo, que en realidad estaba en la misma situación, mantuvo abierto el expediente, pero no llegó a adoptar medidas. Fue el propio Juzgado quien, en diciembre de 2013, tuvo que ordenar el cierre total de la bodega.

En aquel auto, que fue recurrido por Juan Francisco Rosa y confirmado por la Audiencia Provincial, la juez Silvia Muñoz reprochaba la "aún actual y flagrante inactividad del Ayuntamiento y su patente dejadez en el cumplimiento de sus funciones". 

La juez hacía extensivo este reproche al resto de administraciones implicadas (Gobierno de Canarias y Cabildo de Lanzarote), llegando a decir que habían mostrado una "inactividad alarmante" ante este caso durante los últimos 15 años. Y todo ello, pese a que en las distintas administraciones constan informes desde hace una década, en los que se advierte de las distintas irregularidades e incluso de la contaminación que se estaba produciendo con los vertidos de aguas residuales. Y también pese a que lo que se construyó, no tenía nada que ver con lo que se había autorizado.

 

Ausencias en una Junta clave


La decisión municipal de ordenar el cierre del restaurante de Stratvs pero no del resto del complejo fue debatida en dos Juntas de Gobierno de Yaiza celebradas el 19 de julio y el 8 de agosto, tras la primera declaración como imputada de Gladys Acuña. Sin embargo, según el nuevo auto de la juez, a la segunda reunión (que fue donde se aprobó el acuerdo) no asistieron ni Acuña ni el concejal de Urbanismo, José Antonio Rodríguez, que también está imputado en esta causa.

Por eso, el Juzgado ha pedido ahora al Consistorio de Yaiza que en el plazo de cinco días aporte una copia compulsada de las convocatorias de esas dos juntas de gobierno, "así como certificación de las causas que obren en su archivo o registro por las cuales Gladys Acuña y José Antonio Rodríguez no estuvieron en la celebrada el 8 de agosto, con la copia compulsada de la documental que justifique su ausencia o excusa".

Al igual que Acuña, Rodríguez está imputado por prevaricación urbanística (en su caso al firmar una prórroga de la licencia concedida a Stratvs baja lo Alcaldía de José Francisco Reyes) y también por el mismo delito "en su modalidad omisiva", cometido posteriormente por la "arbitraria ausencia de medidas como concejal de Urbanismo respecto a las actividades que venían desarrollándose ilegalmente en el complejo Stratvs".

En el caso de José Antonio Rodríguez, que ha sido el último en sumarse a la causa como imputado, ya fue citado para responder por ambos delitos el pasado 2 de febrero, aunque se negó a declarar ante la juez. En el de Acuña, tendrá que volver a comparecer ahora para responder por esta nueva imputación por prevaricación urbanística "en su modalidad omisiva", y la juez ya le ha citado para este jueves 12 de marzo.

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