El caso "Reyes" ha estrechado el cerco sobre el puerto deportivo Marina Rubicón. El Juzgado de Instancia Número 2 de Arrecife, que desde hace meses investiga la posible ilegalidad de esta infraestructura, ha citado en calidad de imputadas a siete personas que están vinculadas con el expediente de esa licencia.
Los promotores del puerto, los empresarios Juan Francisco Rosa, Rafael Lasso y Francisco Armas, se enfrentan a nuevos cargos dentro de la causa abierta por la presunta trama para la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca, en la que ya estaban imputados. Ahora, tendrán que responder por nuevos presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.
Además, el Juzgado ha vuelto a citar al ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, que también se enfrenta a nuevas imputaciones por prevaricación y cohecho; al secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes; y al abogado Felipe Fernández Camero. Éste último está imputado por presuntos delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, y el fiscal le señala como "el inductor de la conducta presuntamente delictiva" de José Francisco Reyes, al entender que era quien asesoraba tanto al ex alcalde como a los empresarios que obtuvieron licencias ilegales.
En la nueva lista de citaciones se encuentra también otro técnico del Ayuntamiento, Alfredo Morales, que hasta ahora no había aparecido como imputado en la causa. Morales fue quien emitió el informe favorable a la concesión de la licencia a Marina Rubicón, y ha pasado a estar imputado por un presunto delito de prevaricación.
Presuntos sobornos
Juan Francisco Rosa, Rafael Lasso y Francisco Armas estaban ya imputados en la causa por un presunto delito de cohecho, relacionado con el atraque del yate familiar de José Francisco Reyes. Una embarcación que llevaba años en Marina Rubicón sin pagar los correspondientes gastos de atraque. El Juzgado considera que el dinero que se ahorraba la familia de Reyes con el atraque de "El Pachi" podría haber formado parte de presuntas dádivas a cambio de la concesión de licencias ilegales.
Cuando fueron interrogados por la jueza, en mayo de 2010, Rosa y Armas fueron preguntados por los trámites que rodearon a la construcción del hotel Princesa Yaiza y su anexo (el Son Bou), y del hotel Meliá Volcán, respectivamente, y por la "celeridad" con la que se les concedieron las licencias.
En el caso del Princesa Yaiza, la licencia se solicitó el 29 de mayo de 1998, y se concedió el 1 de junio de 1998. Es decir, tres días después. Al respecto, Rosa declaró ante la juez que "la explicación debería darla el Ayuntamiento".
Desde hace meses, además de esas licencias hoteleras declaradas ilegales, la Justicia también sigue la pista de Marina Rubicón. En un escrito fechado a finales de agosto de 2010, entre otras diligencias, el fiscal pidió que se requiriera al Ayuntamiento de Yaiza una copia compulsada del expediente administrativo de la licencia de obras del Puerto Deportivo Marina Rubicón.
Tras recabar esa información, así como otros documentos solicitados desde entonces, el Juzgado ha dado ahora este nuevo paso, citando como imputadas a todas las personas que tuvieron algo que ver con ese expediente, incluyendo a promotores, políticos y técnicos
Patrimonio bajo sospecha
En el marco de esta causa, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (hasta hace unos años conocida como Udyco) rastreó el patrimonio de Reyes y de su entorno, y encontró compras y movimientos económicos realizados por el ex alcalde, su mujer y tres de sus hijos por valor de cientos de miles de euros, con dinero de origen desconocido. Entre esos gastos, se encuentran compras como la de la embarcación "El Pachi", que estaba a nombre del hijo del ex alcalde, y por el que se pagaron 127.000 euros en efectivo, en varios plazos.
El yate estaba a nombre del hijo de Reyes, a través de la sociedad Sea Sun Lanzarote. Según declaró en su momento el propio ex alcalde de Yaiza, los papeles para la creación de esa sociedad los tramitó Benito Mesa Ferrer, que también pasó a estar imputado en la causa hace meses.
Según la investigación, esa empresa fue una de las herramientas utilizadas para blanquear el dinero presuntamente ilícito obtenido por el ex alcalde de Yaiza con la concesión de licencias ilegales.
En su declaración ante la jueza, tras ser detenido el pasado mes de octubre de 2009, Reyes confirmó también que alguna vez había estado "en una oficina situada en la calle Valls de la Torre 7, para consultarle a Benito Mesa sobre la constitución de una empresa agrícola". A las preguntas de la acusación particular, respondió que "es casualidad que las sociedades propietarias del Puerto Marina Rubicón estén asesoradas por la misma asesoría situada en la calle Valls de la Torre Número 7".
Testigos y afectados
A lo largo del mes de junio, el Juzgado Número 2 no sólo tomará declaración a estos siete imputados, sino también a varios testigos, relacionados también con Marina Rubicón. En concreto, se ha citado a personas que, en su día, se vieron afectadas por la construcción de este puerto deportivo.
Cuando se iniciaron las obras, Marina Rubicón se enfrentó a dos pleitos judiciales. Por un lado, una empresa que tenía una parcela e iba a construir un centro comercial en la zona, presentó un contencioso en los Juzgados, al entender vulnerados sus intereses, ya que los promotores de Marina Rubicón estaban impulsando también un equipamiento de estas características que, en principio, no se contempla en las dotaciones que van ligadas a la construcción de un puerto.
Además, también los grupos ecologistas denunciaron las obras, consiguiendo incluso que se llegaran a paralizar los trabajos, a través de unas medidas cautelares acordadas por el Juzgado. Sin embargo, finalmente las obras siguieron adelante.
