La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) investigó durante un año a varios cargos públicos, funcionarios y empresarios de la isla de Lanzarote. La denuncia inicial, del consejero del PSC-PSOE en el Cabildo insular, Carlos Espino, se produce el 4 de junio de 2008 y el atestado final de la Guardia Civil, el 22 de mayo de 2009. Tres días antes se produjeron las primeras detenciones. En total, hay 32 personas acusadas, entre políticos, empresarios y trabajadores públicos, de 79 delitos por la 'operación Unión', sobre el pago de comisiones irregulares.
La primera denuncia parte de un intento de soborno del empresario Fernando Becerra al consejero socialista Carlos Espino para desbloquear el futuro de unos terrenos en Playa Blanca, en el municipio de Yaiza, en la parcela conocida como Costa Roja. Tras una primera conversación, el dirigente del PSC pone los hechos en conocimiento de la Guardia Civil y se graban las siguientes.
Además de esas grabaciones, se realizan seguimientos y comienzan a solicitarse pinchazos telefónicos, en primer lugar de Fernando Becerra y Luis Lleó, y después de otros empresarios y cargos públicos. Las tramas se amplían y se van cruzando. Posteriormente el caso se amplía con la denuncia de José Antonio Castellano, a quien exigían el pago de comisiones en Arrecife para cobrar una deuda.
En total, la Guardia Civil estima que hay dos grandes tramas, que también se cruzan, y 21 subtramas. De éstas, algunas de ellas ya son piezas separadas y otras se siguen investigando, además de que han surgido nuevos indicios de otras tramas, tanto por la documentación incauatada como por las declaraciones de los imputados.
12.000 FOLIOS
El sumario, cuyo secreto judicial fue levantado parcialmente el pasado viernes, consta de más de 12.000 folios, en los que se incluyen los atestados policiales, las transcripciones de las conversaciones pinchadas, los autos judiciales del juez César Romero permitiendo todas las actuaciones, así como las declaraciones de los imputados y testigos.
La Guardia Civil encontró indicios de corruptelas tras ese año de investigación en, al menos 32 personas, que habrían sumado 79 delitos. Algunas de estas personas están presentes en más de media docena de tramas delictivas, y otras, que fueron detenidas, como el secretario del Ayuntamiento de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, no aparecen en ese atestado.
ASOCIACIÓN ILÍCITA
Seis de estas personas formarían, según la Guaria Civil, una asociación ilícita dedicaba a cobrar comisiones ilegales a empresarios en el Ayuntamiento de Arrecife. Se han detectado hasta cinco casos. Serían el líder del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, los concejales José Miguel Rodríguez y Ubaldo Becerra, y los intermediarios Segundo Rodríguez, Matías Curbelo y Dayrán Muñoz. Martín. Los ediles, además, estarían implicados en otras tramas de favores a familiares y compañeros de partido.
Además, estos tres junto a los arquitectos Carlos Morales, Víctor Sánchez y José María Pérez, y los funcionarios Elena Martín y Rafael Arrocha, estarían preparando a juicio de los investigadores un pliego de condiciones para desarrollar un plan general urbanístico en la capital de Lanzarote y que lo firmara "un arquitecto de paja".
LA TRAMA DE LLEÓ
En la otra gran trama, el núcleo central sería el empresario Luis Lleó. En primer lugar, habría intentado sobornar al consejero Carlos Espino para una operación urbanística a través de Fernando Becerra. Para ello habría intervenido el abogado Pepe González, que sería el encargado de realizar la 'hoja de ruta' para legalizar la operación.
Esa operación necesita del consentimiento del Ayuntamiento de Yaiza. Según los investigadores, estarían implicados en este asunto dos cargos públicos: Leonardo Rodríguez y la entonces alcaldesa (perdió el cargo la semana pasada, tras una moción de censura) Gladys Acuña, el arquitecto Ángel García Puertas y otro empresario más, Juan Francisco Rosa, además del consejero del Cabildo Fabián Martín.
Lleó y Becerra también habrían intentado vender un inmueble propiedad del primero al Gobierno de Canarias para que se usara como edificio de usos múltiples, a través de gestiones de vocales de la Cámara de Comercio de Lanzarote, que se quedaría con una planta.
OTROS CARGOS
Hay otros cargos públicos implicados, como el alcalde de Arrecife, Enrique Pérez Parrilla, y el consejero Rubén Placeres, por la apertura sin licencia del Teatro Insular; al igual que el alcalde de Tinajo, Jesús Machín, porque habría intercedido en el proceso de unas obras particulares en casa de Dimas Martín en Yaiza, por lo que se investiga también a Acuña y a Leonardo Rodríguez.
Acuña también está investigada por intentar, supuestamente, que el Ayuntamiento de Arrecife contratara a un hermano suyo y el concejal del PP Joel Delgado por solicitar ante Ubaldo Becerra que contratara a su madre para un puesto para el que no tenía capacitación.
Por su parte, el arquitecto Carlos Morales también está acusado por la Guardia Civil en varios procesos urbanísticos más, dos de ellos para conseguir sendas licencias, una de ellas en Arrecife y otra en Yaiza, para su casa de Puerto Calero.
TRÁFICO DE INFLUENCIAS
En un repaso somero a las actuaciones y a las conversaciones pinchadas, llama la atención el desprecio generalizado por los cauces administrativos y reglados de la mayor parte de los cargos públicos y funcionarios que aparecen en el sumario, el poco recato en ocultar los hechos y el nepotismo y el tráfico de influencias, a distintas escalas, como prácticas habituales, tanto a nivel insular como regional.
