La Fundación César Manrique ha analizado ya el informe elaborado por el catedrático Luciano Parejo para el Cabildo de Lanzarote sobre la regularización de los hoteles ilegales de la isla. De momento, la FCM ha asegurado que no piensa paralizar el proceso de ejecución de sentencias que había pedido y ha advertido de que "empleará cuantos recursos estén a su alcance" para "frenar" en los tribunales "cualquier intento de eludir el cumplimiento de la ley o de defraudar los pronunciamientos judiciales".
La Fundación considera que este informe de Luciano Parejo tiene conclusiones "controvertidas y discutibles" y, pese a que ha realizado un primer balance de este documento más de un mes después de que fuera presentado ante el Consejo de la Reserva de la Biosfera, ha encargado otro dictamen a un prestigioso jurista nacional. Este jurista se encargará de estudiar el informe de Parejo, que plantea suspender "en lo necesario" el Plan Insular de Ordenación Territorial y los planeamientos municipales de Yaiza y Teguise para que sea la primera institución la que arbitre unas normas transitorias en las que se establezcan los criterios de legalización que deben ser aplicados a los hoteles declarados ilegales por la Justicia.
La Fundación ve varios problemas en este informe de Parejo. El primero y uno de los más importantes es que esta entidad cree que es "poco comprensible el intento de poner en cuestión y de crear confusión" en torno al informe de compatibilidad del Cabildo de Lanzarote. Y es que cabe recordar que los tribunales han reconocido "en multitud de sentencias firmes" la necesidad de contar con este informe para que los ayuntamientos puedan autorizar obras en los suelos turísticos no adaptados al Plan Insular.
En este sentido, la Fundación César Manrique afirma que este informe y la solución que propone suscitan "dudas jurídicas", al poner en cuestión las propias competencias del Cabildo en materia de ordenación territorial, urbanística y turística. "Cuestiona los logros que la corporación ha conseguido en los tribunales a lo largo de esta década", defiende la Fundación.
Los argumentos de los infractores
Incluso, la Fundación llega a decir que "resulta difícil de entender que se presente un dictamen que no sólo va en contra de las competencias que han sido reconocidas judicialmente al propio Cabildo mediante sentencias firmes, sino que, además, se atacan con argumentos análogos a los esgrimidos por los infractores, ya rechazados por los tribunales".
Además de considerar que este informe va en contra de "los logros jurídicos del Cabildo", la Fundación no se explica cómo puede llegar a cuestionar la vigencia de los "techos", es decir, de los límites máximos de crecimiento turístico del PIOT.
En cuanto a la propuesta de solución del dictamen de Parejo, la FCM cuestiona que "nada concreta sobre las compensaciones al interés general y sobre los límites de regularización". Según destaca la Fundación, "las compensaciones se remiten a unas eventuales normas provisionales cuyo carácter se desconoce".
Además, cuestiona que el dictamen no analice caso por caso la situación de cada hotel declarado ilegal, sino que proponga "una solución conjunta", pese a la "disparidad" de los casos existentes. "Esto exigiría respuestas individualizadas como aconseja el principio de igualdad constitucionalmente garantizado, que impone tratar por igual a los iguales, al tiempo que obliga a tratar de forma distinta los casos diferentes", explica.
Sin reservas de suelo
"Lo verdaderamente relevante, si se quiere salir de este atolladero sin alentar la impunidad, recae sobre las ejemplares compensaciones públicas que debieran establecerse", defiende la Fundación. En este sentido recuerda que, en el estudio-diagnóstico que hizo el Cabildo en 2008 y que presentó también ante el Consejo de la Reserva de la Biosfera, se puso de manifiesto que se debía de haber reservado un 25 por ciento de suelo para equipamientos turísticos complementarios, hecho que se incumplió.
Por ello, la Fundación exige que los hoteles que hayan cometido este tipo de infracciones y puedan ser legalizados deben, al menos, "compensar adecuada y ejemplarmente" el interés general. Pese a que la Fundación ya ha emitido una valoración sobre el informe de Parejo, espera poder realizar un pronunciamiento público más detallado en un plazo aproximado de dos meses, cuando el jurista de prestigio nacional culmine su dictamen.
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