Llevan dos meses batallando a través de llamadas telefónicas, escritos a la Universidad y comunicados dirigidos a los medios de comunicación, pero este mismo martes piensan ir más allá. Van a tocar las puertas de la Justicia mediante la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y su denegación de la "venia docendi", es decir, el visto bueno al profesorado de la escuela. Lo anunció la dirección de la Escuela de Estudios Empresariales de Arrecife y ahora, su gabinete Jurídico se dispone a materializarlo.
El centro privado situado en Arrecife debería de haber empezado sus clases hace dos meses pero la Universidad de Las Palmas no se lo ha permitido porque insiste en que la Escuela de Estudios Empresariales no cumple los requisitos de contratación del personal docente. Una decisión que, según el centro educativo de Arrecife, responde a la "tozuda postura mantenida por el equipo de gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con su rector a la cabeza".
Aseguran que se trata de una decisión que contraviene la legislación en vigor y el Convenio de Adscripción que acordó la entidad, la Universidad y la Dirección General de Universidades del Gobierno de Canarias. Defienden que la denegación de la "venia docendi" carece de base legal porque en los centros privados adscritos, no es obligatorio contratar a los profesores mediante convocatoria pública, "extremo que ha sido corroborado por el mismísimo Ministerio de Educación", se explayan desde la Escuela de Empresariales.
Mientras la Justicia decide, los más de 40 alumnos preinscritos y matriculados en el centro privado han sido los grandes perjudicados del tira y afloja entre empresa privada e institución pública, porque, los que han decidido finalmente marcharse a Las Palmas, tal como le ofreció la Universidad, han perdido al menos un mes de curso académico, que tendrán que recuperar a marchas forzadas para llegar a los primeros exámenes cuatrimestrales.
