El Consejo de Administración de Inalsa y el Consorcio del Agua han aprobado este viernes la decisión de que Inalsa se someta voluntariamente a la Ley Concursal, después de que este jueves el PIL aceptara finalmente la propuesta que había formulado el Partido Socialista. De este modo, la empresa tendrá un año para valorar cómo enfrentarse a una deuda que, según han confirmado por fin este viernes, supera los 38 millones de euros.
Según las cifras que la consejera delegada de Inalsa, Plácida Guerra, ha puesto finalmente sobre la mesa, el principal acreedor de la empresa pública de aguas es Unelco, a quien debe 14 millones de euros. Detrás se sitúan la UTE Edam Janubio, a quien se deben abonar 13 millones de euros por el laudo judicial que fue ratificado por los tribunales, y la empresa Aguas Filtradas, a quien Inalsa debe 8 millones de euros. Los tres millones de deuda restantes, corresponden a operaciones de crédito con entidades bancarias y pagarés.
Los datos ofrecidos por Plácida Guerra a la salida del Consejo se confirman que la suma de dinero que se le debe a Unelco y Aguas Filtradas casi duplica la de Edam Janubio. Sin embargo, tanto la consejera delegada como la presidenta del Cabildo, Manuela Armas, han insistido en que el laudo por la desaladora del sur ha sido la "gota que ha desbordado el vaso" para Inalsa.
Armas, por su parte, ha afirmado a la salida de la Asamblea del Consorcio de Aguas que la Ley Concursal "da pie a enfrentar los proyectos que tiene Inalsa y para ello se debe ir despacio y tomar las decisiones con tranquilidad". Además, ha explicado que durante el año en que los tres abogados estén supervisando la actividad del Consejo de Administración "se podrán hacer inversiones y si es necesario se harán" y que "las decisiones seguirán en manos del Consejo y no de los abogados, que se limitarán a supervisar las mismas".
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