La Comisión de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Parlamento canario aprobó este lunes el dictamen del proyecto de ley de Medidas Urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, lo que supone el último paso antes de ser sometida a su aprobación en el pleno de la Cámara regional.
Durante el debate en comisión parlamentaria fueron rechazadas todas las enmiendas presentadas por el grupo Socialista, que insistió en que la ley produce una invasión del Gobierno canario en las competencias territoriales asignadas a cabildos y ayuntamientos. Una "agresión" de la autonomía de las administraciones locales "por meras consideraciones de oportunidad política y no de legalidad", según denunció el diputado del PSC, Manuel Fajardo Palarea.
Frente a ello, los grupos que apoyan al Gobierno (CC y PP) defendieron la idoneidad y coherencia de la norma y remarcaron que las competencias territoriales corresponden a la comunidad autónoma que las distribuye como estima entre las administraciones locales. "Nunca una modificación competencial se puede entender como injerencia, sino es una redefinición de las competencias" atribuidas a la comunidad autónoma en la Constitución y el Estatuto de Autonomía, afirmó el diputado de CC, José Miguel González.
Los socialistas también reprocharon la falta de consenso sobre el proyecto de ley, al que dijeron han tenido que dar "el cambiazo" los grupos que respaldan al Gobierno (CC y PP) con modificaciones "sustanciales" y la incorporación de nuevos artículos. Frente a ello, González recordó los intentos "sin éxito" de alcanzar consenso con el PSC, "pero no hubo manera ni siquiera de reunirse" para discutir la posibilidad de llegar a acuerdos, como dijo sí se ha hecho con los agentes sociales y económicos, y las administraciones locales.
"Improvisación y experimentos" en turismo
Respecto al ámbito turístico, el PSC defendió una revisión global de las cuestiones que afectan al sector y no "medidas improvisadas" como las contenidas en este proyecto de ley, que advirtió supondrá la clasificación de nuevo suelo turístico, en contra de los fijado en las Directrices de Ordenación del Turismo.
El proyecto de ley fija la clasificación de nuevo suelo turístico, pero bajo determinados requisitos, que implican además desclasificar en otro punto suelo destinado a esta actividad, por lo que está "totalmente equilibrado" y no supone "ni un metro cuadrado más", sino variar la localización, explicó José Miguel González (CC).
Así, insistió en que, en materia turística, el objetivo es la renovación de la planta alojativa y dar alternativas para evitar más sentencias contra la comunidad autónoma como las ya existentes por la suspensión indefinida de nuevas edificaciones hoteleras como consecuencia de la aplicación ley de Directrices.
González precisó que se pretende dar opciones a los que tienen esos derechos edificatorios para evitar nuevas reclamaciones de indemnizaciones a la administración como consecuencia de lucro cesante causado por la paralización de estas edificaciones.
Sin embargo, Manuel Fajardo (PSC) indicó que hay una percepción social de que el Gobierno pretende "bordear" lo fijado en las Directrices con esta nueva ley, y se refirió a lo previsto para la autorización de nuevos hoteles escuela de cinco estrellas de gran lujo. Estimó que "poderosas tienen que haber pasado" para que, en el trámite parlamentario, CC y PP hayan reforzado esta medida en lugar de retirarla, como recordó se comprometió el presidente del Ejecutivo, Paulino Rivero, ante las críticas que suscitó entre agentes económicos y sociales.
"No es de recibo que en las épocas de crisis económica se hagan este tipo de experimentos", advirtió el diputado socialista, quien estimó difícil que ningún empresario invierta para llevar a cabo estos establecimientos, ante la inseguridad jurídica que introduce la propia ley al establecer que las condiciones se fijarán en un reglamento posterior.
"Excusas" para restar competencias
Asimismo, reprochó que se retire a cabildos y ayuntamientos competencias que le dan la capacidad de pronunciarse sobre estas actuaciones, ante las reivindicó son las administraciones locales las que más conocen la capacidad carga y nivel de saturación de cada isla.
En estos términos también se pronunció Fajardo para rechazar lo previsto en la norma sobre la dotación de tres plazas alojativas nuevas por cada sustituida, ya que dijo, deben de ser los cabildos los que establezcan en los planes insulares las directrices sobre la renovación.
El PSC consideró que el desbloqueo de la tramitación de determinados planes "no pueden servir de excusa" para que el Gobierno concentre competencias en materia de planificación territorial asignadas a los cabildos y ayuntamientos.
"No se alteran las competencias de nadie, sino unas posibilidades de actuación del Gobierno en el caso de inacción de otras administraciones", afirmó el diputado de CC, quien insistió en que el Gobierno no se puede quedar en posición de "pura abstención" cuando la administración a la que ha dado la competencia no actúa.
El PSC indicó que la norma también favorece la construcción en suelo rústico de inmuebles dedicados a fines lúdicos y residenciales, o la posible ubicación de equipamiento sanitario o educativo e incluso industrias, si se consideran de interés estratégico por el Ejecutivo. González precisó que lo que se permiten son instalaciones complementarias a las explotaciones agrarias o para transformación de productos, lo que dijo responde a las demandas del sector agrario.
Respecto a las medidas sobre el suelo industrial, González indicó que se plantea la desclasificación para evitar la especulación de este suelo inactivo, del que hay más de 10 millones de metros cuadrados que no se está utilizando y se está sometiendo a un proceso de "oscuridad".
ACN Press
