La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural ha dado un mes de plazo a los 14 propietarios de los chalés de la urbanización La Bufona (Arrecife), que se encuentran en la calle Chabusquillo, para que presenten un proyecto de demolición de aquellas partes de las casas que se encuentran dentro de suelo rústico de protección y de valor natural ecológico.
El pasado mes de mayo, tras diez años del expediente, la Agencia inició el procedimiento de restablecimiento del orden jurídico perturbado y dio un plazo de alegaciones a los propietarios. El 30 de agosto, la Agencia desestimó esas alegaciones y emitió las 14 resoluciones definitivas que ponen fin a la vía administrativa. Los propietarios pueden recurrir a la justicia ordinaria.
Las obras que tendrán que derribarse consisten en muros, piscinas, edificaciones adosadas, ampliaciones de viviendas y pavimentación de patios, entre otras. Entre los propietarios de las casas se encuentran la parlamentaria, vicepresidenta del Cabildo de Lanzarote y presidenta del Partido Popular insular, Astrid Pérez, o el fiscal de Las Palmas Miguel Pallarés, ex fiscal coordinador de Lanzarote.
Las obras denunciadas carecen, según la Agencia, de las pertinentes autorizaciones, como la calificación territorial o la licencia municipal de obras, además de estar en suelo rústico. Esas obras no aparecen ni en la licencia ni en al escritura de compraventa ni en el Registro de la Propiedad y serían ilegalizables.
La versión de los propietarios
Los propietarios alegaron que las obras se realizaron hace más de diez años y que cuando ellos adquirieron la finca a la promotora Brisa Inversiones, las fincas ya se habían amurallado y se había construido la vivienda al amparo de la licencia.
Sin embargo, la Agencia considera que las obras objeto de demolición no aparecen descritas ni en las licencias de obras ni en el proyecto de ejecución, y que aunque así fuera, no estarían amparadas en un suelo ajeno a la urbanización y de protección, como es el caso. También destaca que en algunos casos, como en el caso de la vivienda del fiscal Pallarés, no coinciden las superficies de la parcela ni de la construcción que aparecen en el Registro de la Propiedad con las del catastro.
La Agencia señala que en fotos aéreas del año 2000 y tras la compra de las viviendas por parte de los propietarios, no se apreciaban aún algunas de las obras denunciadas, "por lo que la obligación de restablecer es imputable tanto en concepto de propietarios como de promotores de las obras".
En julio del año 2000, la Agencia decretó la suspensión de las obras, el corte de suministro de luz y agua y el precinto, aunque después se siguió construyendo y la urbanización se terminó. Por estos hechos se sigue un procedimiento penal en el Juzgado número 3 de Arrecife por usurpación de terrenos y delitos contra la ordenación del territorio.
En el juzgado
En el procedimiento están imputados el constructor y los promotores de la urbanización, Antonio Caro, Francisco Carmona (empleado municipal y ex encargado del catastro, ya fallecido) y Federico Echevarría, además del ex secretario del Ayuntamiento, Felipe Fernández Camero, que habría firmado las licencias de obra, y la ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, a quien se acusa de prevaricación por no haber procedido a sancionar a los promotores de la urbanización y por, supuestamente, levantar el precinto de las obras. Ambos también están imputados en la operación "Unión", y Fernández Camero también lo está en el caso de los hoteles ilegales.
Sobre el plan hay otro procedimiento, ya que el propietario de parte del suelo de ese plan parcial, Gonzalo Murillo, denunció hace más de de diez años la ocupación de sus terrenos por parte de la empresa promotora del plan, Brisa Inversiones. Además, el Tribunal Supremo ha anulado la modificación del plan parcial, por lo que todas las casas de ese plan han quedado fuera de ordenación.
Por otra parte, estas casas, que ocupaban los terrenos de Murillo han estado durante ocho años omitidas de la base de datos del catastro y no pagaban el Impuesto de Bienes Inmuebles. Posteriormente, la Dirección Provincial del Catastro cambió el titular del suelo sin que se iniciara ningún expediente y luego el Ministerio de Economía reconoció que esos terrenos de La Bufona se alteraron en el Catastro sin que nadie lo solicitara, anuló la resolución y destituyó al gerente provincial.
ACN Press
