La Agencia Tributaria, a través de la Abogacía del Estado, ha decidido personarse en el caso Stratvs como parte perjudicada, ya que uno de los delitos que se investigan es un presunto intento de estafa a este organismo dependiente de Ministerio de Hacienda. Concretamente, como garantía de pago de una deuda con la AEAT, Juan Francisco Rosa presentó una finca donde supuestamente se levantaba la bodega Stratvs, cuando realmente no era así, ya que en la finca en cuestión no hay bodega alguna y carece prácticamente de valor.
Tras tener conocimiento de estos hechos a través del Juzgado que instruye la causa, la Agencia ha decidido sumarse al procedimiento. De momento, el abogado del Estado ha pedido que se le dé traslado del sumario completo y, una vez analizado, podría decidir si ejerce sólo acción civil contra los responsables del presunto intento de estafa o si participa también como acusación particular, reclamando responsabilidades penales.
Hasta el momento, además de la Fiscalía, en la causa están personados también la asociación Transparencia Urbanística como acusación particular, y la familia Negrín como parte perjudicada, ya que denuncia que Juan Francisco Rosa usurpó suelo de su propiedad, ocupando parte de su finca para levantar la bodega Stratvs.
Por estos y otros datos que se fueron recabando en la instrucción, a los delitos urbanísticos, medioambientales y contra el patrimonio que se empezaron investigando en esta causa, se sumaron después muchos más, incluyendo falsedad documental y estafa. Según señalaba la juez Silvia Muñoz en el auto con el que ordenó el cierre de Stratvs, la investigación ha puesto de relieve que la bodega ni siquiera se encuentra realmente en la finca en la que está registrada.
Una finca casi sin valor como garantía ante la AEAT
El presunto intento de estafa a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) se remonta a hace tres años. En aquel momento, el hotel Princesa Yaiza (también propiedad de Juan Francisco Rosa) mantenía una deuda con Hacienda, por una inspección tributaria que se realizó en 2011. Para retrasar el pago, la empresa presentó como garantía de la deuda una hipoteca sobre la finca registral 9606, perteneciente a otra sociedad familiar, BTL Lanzarote, donde supuestamente se ubicaba la bodega Stratvs.
Cuando la investigación desveló que realmente la bodega se asienta en otra parcela, y que la finca utilizada como garantía prácticamente carece de valor, la propia Agencia Tributaria remitió un escrito al Juzgado, en el que sostiene que Juan Francisco Rosa intentó de forma consciente "engañar" a Hacienda con esta operación, ofreciendo como garantía una parcela con un valor que nada tenía que ver con el declarado.
Según Rosa, la parcela tenía un valor de casi 6 millones de euros, al encontrarse supuestamente en ella la bodega Stratvs, pero la realidad es que la finca que usó de garantía estaría valorada en poco más de 40.000 euros, ya que allí no existe bodega alguna.
Dos imputados por la presunta estafa
Además de a Juan Francisco Rosa, por este presunto delito también se imputó en la causa hace siete meses a la presidenta y consejera delegada mancomunada de la mercantil Hotel Princesa S.L., Rosa María Rosa Martín, y también han tenido que declarar como testigos dos socios del hotel, para aclarar si conocían los detalles de esta operación ante la AEAT o si fue realizada en exclusiva por Rosa y la presidenta.
En cuanto al suelo en el que realmente se asienta Stratvs, según subraya la juez instructora en el auto de cierre de la bodega, Rosa no había acreditado "la más mínima titularidad sobre esa finca". En ese auto dictado en diciembre de 2013, "a modo ejemplificativo y sin ánimo de ser exhaustivos", la juez hacía referencia a "la reiterada simulación de la identidad real del promotor, la falseada aportación de los datos de la parcela catastral, las certificaciones de obras conforme a proyecto en contra de la realidad, los cambios en las titularidades catastrales, la fraudulenta alteración de los linderos, la reiterada constitución de garantías hipotecarias sobre una finca simulando que la bodega se encuentra construida sobre ella cuando no se ajusta a la realidad, y otras cuyo torticero proceder apuntan que habría plena conciencia de que las obras y las actividades eran y son incompatibles con el suelo afectado".
Casi una veintena de imputados
Junto a Juan Francisco Rosa y la propia sociedad BTL, propietaria de la bodega, en la causa están imputadas ya otras 17 personas. Entre ellas se encuentra el arquitecto que diseñó Stratvs y distintos políticos y técnicos del Gobierno de Canarias, del Ayuntamiento de Yaiza y del Cabildo de Lanzarote que ampararon o permitieron estas obras. Según el sumario de la causa, Stratvs recibió licencias ilegales pero, además, lo construido no se parece en nada a lo que realmente se había autorizado.
Lo que se solicitó en su día fue permiso para rehabilitar una casa histórica y para construir un almacén de 900 metros cuadrados, y lo que se terminó haciendo fue demoler la vivienda y construir una edificación más grande (donde se instaló la tienda, la cafetería y la sala de degustación); así como construir un restaurante subterráneo, terrazas, lavandería, saldas de reuniones, aparcamiento y, sobre todo, una bodega industrial de unos 2.500 metros cuadrados. Y todo ello sin licencia, y con un permiso sólo para un almacén de 900 metros, que además ni siquiera se podía haber autorizado, según la investigación.
