Los hechos que han dado lugar a esta nueva condena al ex alcalde de Haría se remontan a 2 de noviembre de 2004. Juan Ramírez, siendo administrador de la entidad "Arad Lanzarote S.L.", suscribió un contrato privado para la venta del apartamento número 314 del Complejo Aguazul, situado en la localidad de Puerto del Carmen. El precio fijado fue de 162.275 euros, y en el acto de la firma recibió 24.000 de Carlos Fernández, que actuó como intermediario de los compradores, porque vivían fuera de la isla.
Sin embargo, tras la firma empezaron a recibir largas para escriturar la vivienda y 21 días después, vieron cómo pasaba a manos de la Caja Insular de Ahorros Canarias, en virtud de un mandamiento judicial. Y es que sobre la misma pesaba una hipoteca impagada. "Que el acusado actuó de mala fe es más que evidente, desde el momento en que no sólo ocultó la existencia de ese gravamen, si no de que incluso había en marcha un procedimiento hipotecario que estaba a punto de finalizar con la adjudicación de la finca a favor de la Caja de Ahorros", sostiene la jueza en la sentencia.
Pero por si fuera poco, la empresa de la que era administrador Juan Ramírez, y en cuyo nombre se vendió esa propiedad, entró poco después en concurso de acreedores, por lo que la magistrada insiste en que "el acusado obró con plena conciencia y voluntad de perjudicar a los querellantes, logrando el desembolso de una cantidad a su favor que sabía o debía saber que no iba a poder devolver". Incluso, apunta que "la finalidad era seguramente obtener efectivo para hacer frente a las deudas de la entidad". Además, los compradores denunciaban que ni siquiera se les informó de la existencia de un concurso de acreedores, al menos para haber podido formar parte del mismo.
Defensa "inadmisible"
Durante el juicio, Juan Ramírez, que se enfrentaba a la acusacion particular de los compradores y a la del Ministerio Fiscal, basó su defensa en culpar del engaño al denunciante, que actuó como intermediario en la compraventa. Ramírez aseguró que éste conocía los datos registrales de la finca y que él mismo le informó fehacientemente de las cargas. Incluso, llegó a afirmar que el mediador se lo ocultó a los compradores, "a lo mejor para ganar una comisión".
Ante estas declaraciones, la jueza es contundente: "Estas manifestaciones del acusado son respetables, en cuanto se han prestado en el ejercicio legítimo del derecho a no declararse culpable, pero son inverosímiles e inadmisibles". Por un lado, señala que el testigo y denunciante no tiene ninguna razón para faltar a la verdad. De hecho, ni siquiera cobró una comisión como intermediario, ya que tal como señalaron los compradores, sólo hizo esto como un favor, porque les une una relación de amistad.
En cuanto a la posibilidad de que hubiera acudido al registro para ver si existían cargas sobre la propiedad, el denunciante señaló que quien tiene la obligación de presentar la documentación es el vendedor y que, además, se fiaba de Juan Ramírez porque era un personaje público, había sido alcalde de Haría y "no podía sospechar que le iba a estafar 4.000.000 de pesetas".
La sentencia, que puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial, también condena a Juan Ramírez a indemnizar a los compradores de la vivienda, a los que tendrá que devolver los 24.000 euros que entregaron en su día, más los intereses legales generados en los cinco años transcurridos desde que se realizó el pago.
Esta nueva sententencia se suma a la [del caso Villa Dolores->15528], que ya es firme y actualmente está en fase de ejecución. En ella se le impuso a Juan Ramírez una pena de tres años y medio de cárcel y cuatro de inhabilitación política. La inhabilitación se hizo efectiva desde la pasada semana, con su cese como concejal del CCN en el Ayuntamiento de Haría por orden judicial, y actualmente está pendiente su ingreso en prisión.
[Texto íntegro de la sentencia contra Ramírez->25950]
