También estaba citado José Francisco Reyes pero se ha negado a declarar

Juan Francisco Rosa y el arquitecto de la bodega Stratvs declaran como imputados por delitos contra la ordenación del territorio

El empresario Juan Francisco Rosa ha tenido que regresar este jueves a los Juzgados de Arrecife, esta vez para declarar como imputado en la causa abierta por la presunta ilegalidad de la bodega ...

7 de junio de 2013 (01:07 CET)
Juan Francisco Rosa y el arquitecto de la bodega Stratvs declaran como imputados por delitos contra la ordenación del territorio
Juan Francisco Rosa y el arquitecto de la bodega Stratvs declaran como imputados por delitos contra la ordenación del territorio

El empresario Juan Francisco Rosa ha tenido que regresar este jueves a los Juzgados de Arrecife, esta vez para declarar como imputado en la causa abierta por la presunta ilegalidad de la bodega Stratvs. Junto a él, también estaban citados el arquitecto de la bodega, Miguel Ángel Armas Matallana, y el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes.

Sus declaraciones estaban inicialmente previstas el pasado mes de febrero, pero se suspendieron a falta de incorporar nuevos informes a la causa. Así, finalmente ha sido este jueves cuando han tenido que comparecer en el Juzgado de Instrucción Número 5 de Arrecife.

En el caso de Reyes, al que se le imputa un delito de prevaricación urbanística en la concesión de la licencia, se ha negado a declarar, por lo que ha abandonado los Juzgados poco después de llegar.

Quien sí ha prestado declaración es Juan Francisco Rosa, que ha sido el primero en entrar, y posteriormente lo ha hecho Miguel Ángel Armas, que ha abandonado los Juzgados ya entrada la tarde.

Tanto Rosa como el arquitecto están imputados por presuntos delitos contra la ordenación del territorio. El Juzgado y la Fiscalía de Medio Ambiente sostienen que no sólo la licencia era ilegal, sino que también se construyó mucho más allá de lo que autorizaba ese permiso. Y todo ello, en un suelo protegido.

Para comprobar todo esto sobre el terreno, el pasado 28 de febrero se desplazó una comisión judicial hasta la bodega Stratvs, en la que participarontres agentes de Seprona, dos técnicos de Patrimonio del Cabildo, dos de la oficina del PIOT y una de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) del Gobierno de Canarias. Todos ellos han tenido que elaborar informes con sus conclusiones, para incorporarlos a la causa.

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