Intersindical Canaria demanda del gobierno de Canarias, la paralización de los trámites para la aprobación de Ley del Suelo y que dicho proyecto sea sometido a consulta popular mediante un referéndum vinculante entre la población canaria. "No es de recibo el talante autoritario del Gobierno (CC y PSOE) en la tramitación de esta importante norma para el futuro de Canarias", señalan desde el sindicato.
Añaden que este "proyecto de La Ley elaborado por el Gobierno que pretende establecer las normas de ordenación territorial de Canarias, supone un hecho de máxima trascendencia pues tras el análisis de su contenido se confirma que abre las puertas a un desarrollo urbanístico a la carta y sin el suficiente control"." La Ley del Suelo, cede discrecionalmente gran parte de las competencias sobre disciplina urbanísticas a las corporaciones locales, haciendo dejación el Gobierno autónomo de sus actuales competencias de ordenación y protectora del suelo para el conjunto del Archipiélago como un espacio territorial integral y sometido a los mismos riesgos de desarrollismo y fragilidad", manifiestan.
En la aplicación del articulado de la norma, y en caso de llevarse a cabo, Intersindical Canaria advierte que el riesgo "recaerá sobre aquellas actuales bolsas de suelo agrícola que a partir de la aplicación de la ley pueden ser declarados socialmente de interés y recalificados en urbanizables". Afirma que "la maraña de conceptos sin suficiente definición y la indeterminación de planteamientos jurídicos no aclarados en el proyecto de ley, tal como han reiterado los expertos, conlleva abonar el terreno para, aparte de la ambivalente interpretativa, la controversia y la judicialización de la aplicación de las normas a ejecutar"
Por último, Intersindical Canaria lamenta "la presión mediática que el Ejecutivo de Clavijo viene realizando para intentar neutralizar las voces contrarias a la Ley del Suelo, especialmente en aquellas situaciones en las que ha la pretendido utilizar a personajes vinculados al sector suelo agrícola y ganadero, quienes han calificado de positivos algunos aspectos de la Ley al dar mayor permisibilidad a determinadas reformas a realizar en las exportaciones agropecuarias". "Ese análisis, aunque fuese cierto , no justificaría el conjunto de la aceptación del proyecto, pues, en conjunto, cuenta con más aspectos desfavorables que positivos para el bien general", señalan.
