En un plazo de 10 días, el Juzgado Número 13 tendrá que resolver si paraliza de forma definitiva el laudo arbitral que condena a Inalsa a pagar 10 millones de euros, o traslada la decisión a la Sala Jurisdiccional del Tribunal Supremo. Y es que para la presidenta del Cabildo, Inés Rojas, "estamos en la senda de poder salvar a Inalsa y seguir manteniéndola como empresa pública". Además, ha reconocido que en la Asamblea de Inalsa se han planteado la modificación de los estatutos para salvaguardar a la empresa pública de "actuaciones como éstas".
La presidenta del Cabildo y el consejero delegado de Inalsa han explicado este miércoles la situación de la empresa pública, después de que este Juzgado dicataminara la paralización cautelar de la ejecución del laudo, y de que La Audiencia Provincial haya admitido a trámite el acuerdo plenario que considera el contrato "nulo de pleno derecho" como una "prueba trascendental" para la resolución final.
Son dos de las vías judiciales que están abiertas para salvar a Inalsa de la "sombra importantísima que le pesa", como ha descrito la presidenta del Cabildo el laudo que condenó a la empresa pública a pagar más de 10 millones de euros a la UTE Edam Janubio, encargada de construir la desaladora. Los servicios jurídicos se muestran "bastante optimistas", al igual que Mario Pérez, que ha asegurado que "seguimos confiando en un Estado de Derecho que nos de la razón, porque creemos que está de nuestra parte y esperamos que la Justicia también lo esté".
De momento, los dos procesos abiertos están dando resultados, ya que según Mario Pérez, "es muy raro que la Audiencia haya admitido el documento" como una prueba determinante. Un documento que está basado en el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias que consideró el "contrato nulo de pleno derecho" y que fue ratificado por la Asamblea de la empresa pública y por el pleno."Nos da mucha esperanza y satisfacción", aseguró el consejero de Inalsa.
