El segundo problema que ha generado la nueva programación de Transmediterránea es la retirada del transporte entre islas del buque Superfast Galicia, que no va a ser sustituido por otro hasta marzo. Tras la reunión que ha mantenido con la presidenta del Cabildo, Inés Rojas, representantes de las distintas fuerzas políticas y del empresariado isleño, el consejero Castro ha anunciado que tomará medidas "dentro del marco de la Ley" si la naviera no garantiza las conexiones interiores sustituyendo al Superfast tal y como ha prometido.
Según ha apuntado el consejero de Transportes, en la reunión de este viernes se han observado posibles compañías alternativas a Transmediterránea y ha recordado que la naviera recibe más de dos millones de euros al año del Gobierno central para que efectúe las conexiones entre la Península y Canarias, siendo obligatorio que atraque en las dos islas capitalinas. "No está sometido a contrato de obligación de servicio público en el resto de puertos" ha especificado Castro Cordobez, pero su Gobierno está gestionando la posibilidad de que el Ministerio de Fomento amplíe esa obligatoriedad a los puertos de las islas periféricas.
Antonio Castro ha reconocido que estas negociaciones se hacen en "un momento de transición en el que esperamos que al final nos situemos en una posición mejor que la anterior". El presidente de Afruvelán, Ismael Villalba, en representación del empresariado lanzaroteño, permanecerá en contacto con el consejero durante las negociaciones con la naviera y se encargará de transmitirle las inquietudes del sector.
