El pleno extraordinario sobre la incautación de la planta desaladora de Montaña Roja se celebrará finalmente el día 31 de octubre; y tendrá lugar ese día por imperativo legal. La sesión ha quedado convocada automáticamente, sin que el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, haya atendido su obligación de hacerlo.
Todas las formaciones de la oposición, a excepción del PSOE, habían presentado un escrito para reclamar ese pleno el pasado 1 de octubre. Al ser más de una cuarta parte de los consejeros quienes lo pedían, San Ginés estaba obligado a convocarlo en los 15 días hábiles siguientes a la petición.
De no cumplir el presidente con ese requerimiento, la ley establece también que la sesión quedará automáticamente fijada para diez días hábiles después. Esto último es lo que ha terminado ocurriendo. El pleno ha sido convocado "ope legis" o, en otras palabras, por imperativo legal.
En ese pleno, San Ginés deberá dar explicaciones al resto de consejeros sobre su decisión de incautar la planta desaladora de Montaña Roja; una decisión que le ha llevado a estar imputado por prevaricación y coacciones. La oposición quiere también explicaciones sobre la aparición de contaminación con bacteria e-coli en la red de aguas, en Nazaret y Las Cabreras. Además, se votará que San Ginés "se aparte y ceda la presidencia del Consorcio Insular de Aguas y del Consejo Insular de Aguas".
Este pleno monográfico estaba previsto para el pasado 2 de octubre. Sin embargo, se había aplazado. El grupo de Gobierno había esgrimido como argumento que se esperara a la declaración del secretario de la Corporación, Pancho Perdomo, imputado también en la causa por la incautación. La declaración de Perdomo está prevista para este viernes.