La lectura del secretario general del Partido Socialista y consejero del Cabildo, Manuel Fajardo, sobre la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que anula las licencias de edificación de 83 apartamentos turísticos en Playa Blanca, es que viene a demostrar que los pasos dados por la Corporación para controlar la contención del crecimiento y paralizar el consumo indiscriminado del territorio lanzaroteño han sido más que sensatos.
Desde el punto de vista jurídico, Fajardo sostuvo que la concesión de las licencias no está ajustada a derecho porque para empezar se otorgaron sobre un plan parcial que no está publicado. Es decir, no tiene vigencia alguna. El abogado aseguró que los argumentos del Ayuntamiento de Yaiza no son ciertos y por tanto es falso que a día de hoy, como lo expresó el Consistorio, pudieran otorgarse esas mismas licencias.
En definitiva, la importancia de la Sentencia, subrayó Fajardo, es que posiblemente pudieran comprometerse otras licencias concedidas por el Ayuntamiento en circunstancias similares. "Tenemos el cálculo de que 10 o 12 sentencias afectarán a edificaciones levantadas en Playa Blanca", indicó el socialista, quien comentó que nadie debe extrañarse si en breve hay que comenzar a derribar apartamentos y hoteles. Si es la misma Sala del Tribunal y la componen los mismos magistrados se supone que se aplicará el mismo criterio al resto de casos en el que se da el supuesto de la Sentencia conocida este martes."No nos alegramos porque haya que echar edificios al suelo, nos alegramos porque aunque sea tarde la Justicia termina emitiendo veredictos que deben cumplirse", agregó.
Fajardo recordó que la obra de los 83 apartamentos fue llevada a los tribunales por el Cabildo y no se paró. Por tanto, las reclamaciones que se deriven en adelante deberán presentarse a la institución que otorgó los permisos sin respaldo legal.
Complicidad con los empresarios
El consejero socialista no entiende la posición de algunos ayuntamientos que defienden a ultranza proyectos empresariales de dudosa legalidad como si hubiera unión de intereses entre la empresa privada y las administraciones públicas. Fajardo expresó que hay personas que se han atrevido a decir que las medidas de contención del crecimiento van contra la Constitución y además en los tribunales se niegan a cumplir con la obligación de entregar el listado de las licencias turísticas y residenciales que conceden. Las distintas administraciones tendrán que cooperar mutuamente para evitar los abusos que se están cometiendo en la Isla.
El que pudiera ser el próximo presidente de la Corporación advirtió de que hay datos suficientes para examinar no sólo las presuntas irregularidades administrativas, sino "las de otro tipo".
Por su parte, la presidenta accidental del Cabildo, María Dolores Luzardo, dijo que la Sentencia es muy favorable y reiteró que los argumentos del alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, de conceder licencias citando el imperativo legal, quedan desvirtuados.
