El Ayuntamiento fue denunciado por realizar obras en un edificio protegido sin contar con los informes favorables del Cabildo. El alcalde y el concejal responsable están citados a declarar el 4 de junio

Enrique Pérez Parrilla, imputado por un presunto delito contra el Patrimonio

El color político que comparten el Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Arrecife no ha impedido que un conflicto entre administraciones llegue a los tribunales. De hecho, la falta del informe ...

12 de mayo de 2008 (23:24 CET)
Enrique Pérez Parrilla, imputado por un presunto delito contra el Patrimonio
Enrique Pérez Parrilla, imputado por un presunto delito contra el Patrimonio

El color político que comparten el Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Arrecife no ha impedido que un conflicto entre administraciones llegue a los tribunales. De hecho, la falta del informe favorable del área de Patrimonio, gestionada precisamente por la presidenta, Manuela Armas, llevará a su compañero de partido, Enrique Pérez Parrilla, a declarar como imputado el próximo 4 de junio, por las obras realizadas en un edificio situado en la avenida marítima de la capital.

Junto a él, tendrá que prestar también declaración el que en aquella época era responsable del área en el Ayuntamiento. Según Antonio Hernández, que al inicio de la legislatura fue concejal de Urbanismo, el edificio en cuestión, situado junto al Ayuntamiento y cedido durante muchos años al Cabildo, que lo usó como sede del área de Política Territorial y de Pesca, fue devuelto a la Corporación cuando se inauguró el nuevo edificio cabildicio, que ahora alberga todos los departamentos. "Una vez que lo recuperamos, tuvimos la idea de trasladar allí la Oficina Técnica y se necesitaba rehabilitar esas instalaciones por el mal estado en el que se encontraban", ha explicado Antonio Hernández a La Voz.

Según sostiene el ex concejal de Urbanismo, actualmente retirado de la política, lo único que se hizo fue encalarlo por dentro, realizar la canalización eléctrica? En definitiva, "un mantenimiento", por lo que no entiende el por qué de esta denuncia, que achaca a "la mala gestión que se realiza desde Patrimonio del Cabildo". Y es que en su opinión, "se deberían proteger las edificaciones porque realmente tengan un valor arquitectónico, pero no única y exclusivamente por ser casas en ruinas".

En cualquier caso, ahora serán los tribunales los que determinen las posibles responsabilidades de los políticos o los técnicos que actuaron en este caso, ya que se trata de un edificio que, al igual que todos los que lo rodean, está protegido por enmarcarse en el área de influencia de un Bien de Interés Cultural, lo que obligaba a solicitar autorización al área de Patrimonio del Cabildo antes de realizar cualquier obra.

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