Le vuelve a imponer el pago de las costas por este recurso

El TSJC ratifica que Ledesdorfe actuó con temeridad presentando denuncias "a ciegas"

El comportamiento de Ledesdorfe fue, "como mínimo, temerario". Eso es lo que sostiene el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en una nueva sentencia que ha rechazado el recurso que ...

14 de noviembre de 2011 (23:51 CET)
El TSJC ratifica que Ledesdorfe actuó con temeridad presentando denuncias a ciegas
El TSJC ratifica que Ledesdorfe actuó con temeridad presentando denuncias a ciegas

El comportamiento de Ledesdorfe fue, "como mínimo, temerario". Eso es lo que sostiene el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en una nueva sentencia que ha rechazado el recurso que presentó esta sociedad, y ha ratificado el auto emitido en mayo de este año por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 5 de Las Palmas de Gran Canaria.

En aquella resolución, el Juzgado condenó a Ledesdorfe a pagar las costas de uno de los procesos que inició contra decenas de licencias urbanísticas de la isla, y que en este caso terminó retirando. Ahora, el TSJC no sólo ha ratificado ese auto, sino que ha condenado a Ledesdorfe a pagar también las costas de este recurso, insistiendo en que su posición procesal ha sido "indefendible".

"No se pueden formular denuncias, ni menos interponer esta clase de recursos a ciegas", sostiene la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. "Si se trata de defender la legalidad urbanística, qué menos que comprobar el estado de ejecución de la obra amparada en la licencia", subraya el magistrado.

Anuncio de cientos de demandas

Ledesdorfe, representada en los tribunales por el despacho Díaz de Aguilar, está integrada por empresarios con licencias declaradas ilegales, y con fuertes intereses en el Plan Parcial Playa Blanca, declarado "extinguido" y por tanto fuera de la legalidad por los Tribunales. En respuesta, Ledesdorfe anunció hasta 400 demandascontra otras licencias residenciales de Yaiza y Teguise, para denunciar una supuesta "discrecionalidad" del Cabildo a la hora de denunciar los incumplimientos. Algunas de las licencias que recurrió Ledesdorfe, incluso, fueron otorgadas a sus propios "socios o allegados", pero después ha ido retirando varios de esos pleitos.

El que ha dado lugar a esta sentencia, afecta a la vivienda de un particular, ubicada en el municipio de Yaiza. "Mientras se estaba intentando practicar la totalidad de las pruebas propuestas y declaradas pertinentes", Ledesdorfe "se limita a manifestar que desiste del mismo sin alegar motivo alguno para adoptar dicha decisión, habiendo obligado no sólo a las demás partes personadas a los correspondientes gastos procesales, sino a la propia Administración de Justicia a incoar un procedimiento, con los consiguientes costes que ello supone, sin motivo alguno", sostenía el auto del Juzgado emitido en mayo.

En su recurso para evitar el pago de las costas procesales, Ledesdorfe realizó, según la sentencia del TSJC, "vagas alegaciones", argumentando que desistió del recurso "cuando tuvo conocimiento de la caducidad de la acción, al descubrir la fecha de terminación de las obras". Sin embargo, la sentencia considera que "las razones que ahora aduce para desistir debió exponerlas al hacerlo ante el juzgado, precisamente para evitar que su comportamiento procesal fuese calificado como temerario".

"Efectos muy graves"

Además, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, contra la que ya no cabe recurso ordinario alguno, sostiene que Ledesdorfe debería haber realizado "una mínima indagación preprocesal" para saber si su recurso podía prosperar, dados los "efectos muy graves" que podían derivarse de su actuación y el coste en el que obligaba a incurrir a un tercero, concretamente el titular que recibió esa licencia.

De hecho, fue esta persona la que solicitó que se le impusiera a Ledesdorfe el pago de las costas, alegando que había intentado "matar una mosca a cañonazos, interponiendo recursos a diestro y siniestro, sin pararse a analizar mínimamente la situación legal y constructiva de cada una de las construcciones cuyas licencias recurría".

En su caso, aseguraba que la obra en cuestión es "inatacable" y que "una llamada de teléfono, un requerimiento notarial o un acto de conciliación judicial hubieran sido bastante para poner todo ello de manifiesto a quien lo hubiera pedido". Sin embargo, le obligaron a "acudir a un Juzgado a defenderse, a hacer valer sus derechos, con el coste judicial que ello conlleva, y que podía haber sido evitado".

Y todo ello, según subrayaba en este escrito el abogado de uno de los afectados, Ledesdorfe lo hizo por buscar una "vía mediática de publicitar su inaceptable posición de presentar sus 400 recursos. Ello les creaba publicidad, les hacía vender prensa, porque era eso lo que pretendían: hacerse fuertes ante el Cabildo de Lanzarote".

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