Las noticias llegadas desde el Tribunal Supremo no podían haber sido peores para Dimas Martín. El recurso de casación que presentó contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas por el caso del Complejo Agroindustrial ha sido desestimado, y el político lanzaroteño ni siquiera ha conseguido que se reduzca la pena que le fue impuesta en su día, y que asciende a ocho años de cárcel y quince de inhabilitación política.
Con esta instancia, el líder del PIL ha agotado la vía judicial ordinaria, y ahora sólo le quedaría la opción de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, o solicitar un indulto ante el Ministerio de Justicia del Gobierno central. Sin embargo, y aunque alguna de esas solicitudes pudiera ser aceptada a trámite, lo que no conseguiría es poder presentarse a las próximas elecciones.
En el mejor de los casos, y mientras se analizara cualquiera de esas presentaciones, el líder del PIL conseguiría retrasar su ingreso en prisión hasta que se resolviera bien el recurso de amparo ante el Constitucional o bien el indulto, pero lo que no podría postergar es la inhabilitación política.
Así, no podrá repetirse el escenario de mayo de 2003, cuando precisamente, el hecho de que se estuviera tramitando su solicitud de indulto por una sentencia anterior, en ese caso la de la compra del voto de un concejal, fue lo que le permitió presentarse a las elecciones. La diferencia es que aquella condena a tres años de cárcel incluía una accesoria de inhabilitación política durante el tiempo de cumplimiento de la condena, pero no había una pena específica de inhabilitación, como sucede en este caso. Por eso, y aunque Dimas consiga que se aplace el cumplimiento de esta sentencia y por tanto su nuevo ingreso en prisión, lo que no podrá es volver a enfrentarse a las urnas el próximo año.
Año y medio de espera
Fue en diciembre del año 2004 cuando la Audiencia Provincial de Las Palmas condenó a Dimas Martín, considerando probadas algunas de las acusaciones del Ministerio Fiscal. Concretamente, se condenó al líder del PIL por un delito continuado de malversación de caudales públicos y por delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social, durante su gestión al frente del Complejo Agroindustrial de Teguise, que él mismo puso en marcha siendo alcalde de La Villa.
En el mismo proceso estaban también imputados Ismael Brito y el consejero de Agricultura del Cabildo y hermano del actual alcalde de Teguise, Higinio Hernández, pero ambos resultaron absueltos.
Precisamente, fue a raíz de este juicio cuando estalló la crisis que venía fraguándose en el Partido de Independientes de Lanzarote, ya que Dimas pidió que se abriera una investigación interna en el partido para determinar quién había mentido durante el juicio, si Higinio o él, ya que dieron versiones contradictorias y el propio Hernández llegó a señalar a Dimas Martín como responsable de los hechos sucedidos en el Complejo Agroindustrial, asegurando que tanto Brito como él se limitaban a cumplir órdenes sin saber qué estaba sucediendo.
Consecuencias
Además de las duras consecuencias personales que esta decisión del Tribunal Supremo puede traer para Dimas Martín, que se enfrenta a una pena de ocho años de cárcel, la otra consecuencia inmediata estará en el terreno de la política. Y es que el líder del PIL ya había manifestado su voluntad de presentarse a las próximas elecciones de 2007. Sin él, y tal como habían reconocido en numerosas ocasiones desde su propia formación, el Partido de Independientes de Lanzarote se enfrentará a un difícil panorama electoral.
Y es que además de haber perdido a casi todos sus cargos públicos, que han abandonado el PIL y se han integrado ahora en Asamblea por Lanzarote, tampoco podrán contar con su carismático líder para la cita electoral. Un elemento importante que se suma a los resultados que están arrojando las últimas encuestas hechas públicas, y que ya de por sí dan un abrumador retroceso a esta formación que ganó las últimas elecciones en las principales instituciones de la isla.
La opción que le quedaría a Dimas Martín es la de apoyar a su partido durante la campaña, aunque no pueda ser candidato, pero eso sólo podrá suceder si no se produce antes su ingreso en prisión. De momento, y una vez comunicada la resolución del Supremo, es la Audiencia Provincial de Las Palmas la encargada de ordenar que se ejecute la sentencia, lo que podría suceder de forma inminente.
Sin embargo, también cabe la opción de que se aplace, ya que Dimas Martín intentará agotar todas las instancias para evitar su ingreso en prisión. La primera sería presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, quien realmente dirime cuestiones sobre si se han vulnerado derechos constitucionales. En caso de que su solicitud fuera aceptada a trámite, el líder del PIL podría solicitar que se aplazara el cumplimiento de la condena mientras se resuelve su recurso, aunque como queda dicho, eso no afectaría a la inhabilitación política, sino tan sólo al ingreso en prisión.
La otra vía es la de solicitar un indulto al Estado, que se tramitaría a través del Ministerio de Justicia y se resolvería en el Consejo de Ministros. Un proceso que puede alargarse durante meses e incluso años, y que también podría retrasar su ingreso en prisión, o incluso evitarlo totalmente, si su solicitud llegara a resolverse de forma favorable.
Cabe recordar que Dimas Martín ya ha recurrido en anteriores ocasiones a esta instancia, la última con el caso de la compra de un voto a un concejal de Arrecife. En aquel caso finalmente se desestimó su petición, lo que desencadenó el último ingreso en prisión de Dimas Martín, en el año 2004, siendo entonces presidente del Cabildo de Lanzarote y parlamentario regional, después de haber obtenido la victoria con el PIL en los comicios del 2003.
