El Tribunal Supremo ha anulado la modificación del plan parcial La Bufona y ha dado la razón al recurrente, Eduardo Murillo, propietario de unos terrenos en esa zona de Arrecife, que había solicitado su nulidad.
La sentencia revoca una anterior del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que era contraria a este propietario. Anula, por lo tanto, el acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias (Cumac) de 28 y 29 de abril de 1998.
El único motivo de la nulidad de esta modificación, promovida por Brisa Inversiones, fue que no se solicitó el informe preceptivo de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias que debía haberse pronunciado sobre cómo afectaba el plan parcial a la carretera LZ-2. El resto de alegaciones del recurrente son desestimadas.
Los accesos a la urbanización, finalmente, no se hicieron, y se accede por la urbanización contigua, la de El Cable. Ese punto kilométrico, el que coincide con la urbanización, se ha considerado como punto negro por la Dirección General de tráfico en los años 2004 y 2006 por el elevado número de víctimas en accidentes.
La propia Consejería expropió en la década de los años 80 más de ocho mil metros cuadrados para ejecutar la carretera y posteriormente, en una revisión de oficio del planeamiento, se reconoce que esos terrenos no pertenecen ya a la Consejería.
INFORME
Por otro lado, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) aseguraba en un informe de septiembre de 2008 que el plan parcial La Bufona no debió haberse ejecutado. La arquitecta técnica de la Agencia en Santa Cruz de Tenerife señala tres conclusiones. La primera de ellas es que "el sector del plan parcial La Bufona no contaba con la superficie mínima de 50.000 metros cuadrados, por lo que no debió desarrollarse dicho plan parcial".
La segunda conclusión es que "se construyeron 52 viviendas unifamiliares en donde se podían autorizar 24 viviendas unifamiliares aisladas, por lo que se han desvirtuado todos los parámetros urbanísticos de todo el sector". También señala el informe que las licencias se otorgan al amparo de los documentos urbanísticos en vigor (plan parcial y modificación del plan parcial) y que estos documentos "no eran reflejo de la realidad territorial". "Según certificados catastrales, las viviendas cuentan con mayor superficie construida que la autorizada", concluye el informe.
PROCESOS
Sobre este plan parcial pesan varios procedimientos judiciales. Uno de ellos, de tipo penal, se sigue contra los promotores del mismo, Antonio Caro, Francisco Carmona (empleado municipal y ex encargado del catastro, ya fallecido) y Federico Echevarría, por usurpación de terrenos y un delito contra la ordenación del territorio. En este procedimiento se archivó la causa contra el ex secretario del Ayuntamiento, Felipe Fernández Camero y la ex alcaldesa María Isabel Déniz.
Hay otro procedimiento más, de reclamación de los terrenos por parte de Gonzalo Murillo (hijo de Eduardo Murillo), propietario de parte de ellos, que se inició en 1999 y no ha finalizado. Las obras del plan parcial llegaron a estar precintadas.
La mercantil Brisa Inversiones, promotora del plan parcial, ha reconocido una deuda de casi un millón de euros al Ayuntamiento de Arrecife por no haber realizado la cesión obligatoria para el aprovechamiento municipal. Algunas de las viviendas de este plan parcial han estado durante años excluidas del catastro.
ACN
