El Tribunal Supremo ha rechazado dos de los incidentes de nulidad presentados contra la sentencia que avaló el decreto del Gobierno central autorizando las prospecciones petrolíferas frente a Lanzarote y Fuerteventura. Tras conocer aquel fallo, dictado el pasado mes de junio, tanto el Cabildo de Fuerteventura como la asociación Ben Magec solicitaron la anulación de la sentencia, pero el Supremo ha rechazado sus recursos.
Los incidentes de nulidad consideraban vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva por el hecho de que el Supremo no hubiese trasladado una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea antes tomar una decisión. Al respecto, cabe recordar que dos de los cinco jueces de esa Sala del Supremo emitieron un voto particular, discrepando de sus compañeros y estimando necesaria esa consulta.
Ahora, la Sala Tercera del TS ha vuelto a rechazar las pretensiones del Cabildo majorero y de Ben Magec y recuerda que en sus sentencias de junio "ya expuso las razones para rechazar la nulidad del Decreto por su eventual incompatibilidad con disposiciones del derecho de la UE". Según el Tribunal, por razones "temporales" no resultaba necesaria esa consulta, ya que el decreto recurrido era un trámite previo y las cuestiones sobre la evaluación de impacto ambiental "procederán cuando estén más concretadas las labores que van a desarrollarse".
Lo curioso es que esas labores ya están definidas y, de hecho, se iniciarán el próximo mes, pero el Tribunal se limita a pronunciarse sobre el decreto recurrido, que data de 2012, aunque la sentencia ha tardado más de dos años en llegar.
