El PSC expone que el proyecto "no refleja la realidad" y subraya que las medidas que propone "no sólo son totalmente inadecuadas para los objetivos y fines que dice perseguir, sino que incluso los contradicen". En esta línea, indica que la iniciativa del Gobierno canario "no responde a los principales problemas y a las demandas de la ciudadanía, como lo han puesto de manifiesto la totalidad de los agentes económicos y sociales que se han pronunciado sobre su contenido".
El grupo Socialista recuerda las opiniones en contra, "especialmente", reflejadas en el dictamen del Consejo Económico y Social, el informe de la Dirección General de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, el pronunciamiento de los expertos en materia de ordenación del territorio y urbanismo del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, de la Fundación Cesar Manrique "y el parecer de organizaciones empresariales muy representativas del sector agropecuario, ganadero y del sector turístico".
El PSC-PSOE subraya que la propuesta "no reconoce ni resuelve los principales problemas que están dificultando el proceso de adaptación del planeamiento territorial y urbanístico al texto refundido de las leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, a la Ley de Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias y a las restantes y profundas innovaciones de la legislación sectorial -evaluación ambiental estratégica, patrimonio natural y biodiversidad, desarrollo sostenible del medio rural, etcétera-, problemas y condicionantes que aparecen claramente explicitados en los referidos pronunciamientos".
Los socialistas acusan al Gobierno de "pretender aprovechar algunas demandas legítimas de determinados sectores económicos y sociales como coartada que permita enmascarar, tras la pretensión de hacer una norma que no está pensada para los despachos, sino para la gente, y que supuestamente persigue diversificar la economía, crear empleo y conservar el territorio, otros objetivos menos confesables, como privar de sentido o vaciar de contenido determinados preceptos de la legislación estatal y autonómica, relativos a la conservación de los recursos naturales y al desarrollo sostenible del medio rural, o incidir sobre pronunciamientos judiciales firmes y, sobre todo, para cargarse la moratoria turística".
"Desconfianza" hacia los Cabildos
Para el PSC, "de todo ello deriva una manifiesta contradicción entre los problemas que pretende resolver y las medidas que propone para afrontarlos y corregirlos y una patente desviación del concepto clave de la sostenibilidad ambiental y de los principios de imperio de la ley y transparencia de las instituciones que conforman el Estado de Derecho que la exposición de motivos proclama como criterios inspiradores de las medidas propuestas, ya que el proyecto de Ley sustituye procedimientos y criterios reglados por decisiones cargadas de discrecionalidad y, por tanto, proclives a la arbitrariedad, situadas a extramuros del sistema legal de ordenación territorial, urbanística y de los recursos naturales".
Por otra parte, el grupo Socialista considera que el proyecto es "una agresión" a la autonomía de los cabildos y los ayuntamientos canarios. "En los casi diez años transcurridos desde la promulgación de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias, la mayoría de los ayuntamientos de las Islas ha llegado a la convicción de que el núcleo esencial de su autonomía en materia urbanística ha resultado gravemente afectado, porque su aplicación por la Administración autonómica, dirigida por los sucesivos gobiernos de Coalición Canaria y Partido Popular, les ha ido recortando progresivamente sus facultades y posibilidades de intervención para resolver los problemas urbanísticos y las demandas sociales", expone.
El grupo Socialista indica que una de las medidas más importantes contenidas en el marco constitucional y legal garantizador de dicha autonomía es el mandato de que la legislación del Estado y la de las comunidades autónomas, reguladora de los distintos sectores de acción publica, según la distribución constitucional de competencias, deberá asegurar a los municipios, las provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la entidad local, de conformidad con los principios de descentralización y de máxima proximidad de la gestión administrativa a los ciudadanos.
Al respecto, los socialistas precisan que el proyecto de Ley "no sólo no respeta este marco constitucional y legal, sino que vuelve a incidir sobre las competencias de los cabildos y, sobre todo, de los ayuntamientos, hurtando o limitando su intervención en asuntos relevantes, imponiendo modificaciones forzadas del planeamiento urbanístico y despojándolos incluso de competencias que le habían sido atribuidas por el texto refundido, produciendo la impresión de que cada retoque del sistema legal conlleva una nueva invasión en el ámbito constitucional de las competencias municipales".
Esta "permanente reticencia y desconfianza" hacia la capacidad de los ayuntamientos de ordenar y gestionar el territorio municipal desde la perspectiva urbanística, siempre en el marco de la ordenación territorial y de los recursos naturales, "no está justificada por la realidad urbanística, ni por la evidencia de la creciente modernización de los servicios técnicos municipales, ni por el estado de la ciencia y la técnica urbanística en el Archipiélago", dice el PSC.
El grupo del PSC indica que el hecho de que algunos ayuntamientos puedan hacer un uso insuficiente o indebido de sus competencias "tiene los consiguientes mecanismos de respuesta en la legislación urbanística y, en cualquier caso, no justifica que se regulen las competencias municipales bajo la presunción de que ese comportamiento absolutamente minoritario pueda constituir un elemento de referencia para cualquier regulación normativa, como tampoco permite afirmar, por pugnar con el principio de lealtad institucional, que el objetivo de garantizar la compatibilidad de las determinaciones del planeamiento de desarrollo con el texto refundido y la Ley de Directrices sólo puede lograrse residenciando la competencia para su aprobación definitiva en la Consejería".
Por consiguiente, afirma que cualquier reconsideración o revisión del sistema legal de ordenación territorial, urbanística y de los recursos naturales "debe partir del más escrupuloso respeto a la autonomía local e insular, disponiendo tanto los cabildos como el Gobierno de Canarias de los mecanismos adecuados para hacer valer los intereses públicos insulares y regionales, y para garantizar el cumplimiento de la legalidad urbanística y sectorial de aplicación, en los procedimientos de aprobación, revisión o modificación de los instrumentos de planeamiento urbanístico".
"Cargarse" la moratoria
Por otra parte, el PSC-PSOE remarca que el Gobierno de Canarias, con esta iniciativa, pretende "cargarse la moratoria turística, de la que dice, "no ha sido fruto de un capricho, sino de una reflexión de la sociedad canaria que llevó a la convicción de la necesidad de poner límites a un crecimiento de la oferta alojativa, con criterios ajenos a los del propio negocio turístico, que afectaba negativamente la competitividad y rentabilidad del sector y presionaba sobre los recursos naturales y la capacidad de carga del territorio".
El grupo Socialista recuerda que la moratoria "no ha significado crecimiento cero, sino limitado, con requisitos de gran calidad y de acuerdo con la capacidad de carga de cada isla determinada por el planeamiento, y priorizaba como objetivo fundamental la rehabilitación de los ámbitos turísticos deteriorados". Al respecto, asegura que el Gobierno, "bajo la presión del Partido Popular, pretende derogar la moratoria combinando unos incentivos, en términos de plazas alojativas nuevas, a la rehabilitación y sustitución de la planta obsoleta que no están justificados en datos objetivos ni analizados sus efectos sobre el mercado", y afirma que además busca "autorizar, sin límites cuantitativos, nuevas camas alojativas derogando las normas y el espíritu de la Ley de Directrices".
Uno de los aspectos que destaca el PSC es el "rechazo generalizado" de los principales operadores jurídicos y de los agentes económicos y sociales "por su contenido sustantivo y por el procedimiento de elaboración, en el que la participación pública ha resultado meramente virtual, porque el promotor de la iniciativa no ha estado abierto al diálogo y al debate de posiciones, amparándose en supuestas razones de urgencia como pretexto para limitar la participación real y efectiva en el proceso de elaboración del proyecto de Ley".
Así, resalta que algunos Ayuntamientos "han denunciado la invasión de las competencias municipales relativas al planeamiento de desarrollo, entre otras medidas que inciden en la esfera de sus intereses, mientras que algunos cabildos han señalado la pretensión de privar de su carácter vinculante a las determinaciones de los planes insulares, so pretexto de su inadaptación al texto refundido y a la Ley de Directrices, dándose la paradoja de que el proceso de adaptación únicamente podría conllevar determinaciones más restrictivas en lo que concierne a nuevas ocupaciones de suelo o al incremento del techo alojativo".
Respuesta "desabrida" del Gobierno
El PSC hace hincapié en que los expertos en urbanismo y ordenación del territorio del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias "han destacado la contradicción evidente entre los principios ordenadores justificantes del anteproyecto y el contenido concreto de su articulado, la inseguridad jurídica que generará su desarrollo y aplicación, con un efecto devastador para el sistema de planeamiento, la renuncia a un sistema de planificación coherente, los efectos negativos sobre el suelo rústico y la ineficacia de los incentivos previstos para el sector turístico".
También destaca el pronunciamiento de las organizaciones empresariales tanto del sector turístico como del sector agrario, y de los colectivos sociales, "cuestionando tanto la adecuación y posible efectividad de los incentivos turísticos propuestos, como su incidencia sobre la llamada moratoria y sobre la oferta turística en su conjunto, o sus efectos sobre la conservación del suelo rústico y de los recursos naturales".
Recuerda además el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, que señala "notables defectos de técnica normativa y la incertidumbre e inseguridad que deriva de la remisión de numerosas cuestiones de hondo calado al desarrollo reglamentario", así como el dictamen del Consejo Económico y Social, "que comienza por cuestionar las razones de urgencia en que pretende ampararse la iniciativa legislativa y recomienda obtener un amplio consenso para la articulación legal de los objetivos perseguidos, además de formular diversas observaciones sobre la adecuación de las medidas a las necesidades reales de los sectores agrario y turístico".
También apunta al informe de la Dirección General de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, "cuyo contenido supone una descalificación en toda regla al proyecto de Ley, precisamente del órgano, dependiente de la Presidencia del Gobierno, al que incumbe la aplicación práctica del concepto clave de la sostenibilidad ambiental".
En este contexto, el PSC considera "especialmente preocupante la displicente y desabrida respuesta contenida en la contestación detallada a las observaciones y alegaciones efectuadas por los cabildos y ayuntamientos al anteproyecto de Ley de Medidas Urgentes, porque revela mucha prepotencia y muy escasa capacidad para encajar las fundamentadas observaciones críticas de los cabildos insulares y de los ayuntamientos, del Consejo Económico y Social o de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, que son indebidamente consideradas como simples alegaciones cuando se trata de pronunciamientos de instituciones de la Comunidad Autónoma, de entidades públicas con competencias constitucionalmente reconocidas en materia de ordenación del territorio y urbanismo o de organismos integrantes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que cumplen leal y escrupulosamente con sus finalidades estatutarias, legales y reglamentarias cuando se pronuncian sobre el contenido de un proyecto de ley de tanta relevancia".
El grupo parlamentario Socialista insiste en que estas "fundamentadas y argumentadas observaciones" merecen algo más que la "displicente contestación de que hay que hacer algo y que el Gobierno sabe lo que se hace". Frente al "rotundo pronunciamiento de la mayoría social", indica el PSC, esta postura es "un mal remedo del cuento del emperador desnudo y únicamente puede generar más crispación en las relaciones institucionales, dejando un campo minado de resquemores y reticencias entre las administraciones públicas, que augura una vigencia de la Ley muy conflictiva en lo que concierne a la interpretación y aplicación de sus preceptos".
En definitiva, el PSC-PSOE sostiene que el proyecto de Ley que se enmienda "no simplifica ni agiliza la gestión administrativa, sino que, por el contrario, la complicará considerablemente, por la remisión al desarrollo reglamentario de cuestiones de hondo calado y los conflictos de interpretación que suscitará su desarrollo y aplicación". Afirma que tampoco incidirá "de manera significativa" en la diversificación económica y en la creación de empleo, "porque sus eventuales efectos benéficos quedarán compensados por las repercusiones negativas en nuestro sistema legal, y no contribuirá a la conservación del territorio, sino que, por el contrario, abre la puerta a la ocupación de suelo con destino turístico y a la invasión del suelo rústico por actividades impropias de su naturaleza, y no justificadas por las necesidades inherentes a la modernización del sector turístico y al desarrollo sostenible del medio rural".
ACN Press
