El Partido Popular estudia la posibilidad de apoyar la modificación del Plan Especial de La Geria, que Coalición Canaria no pudo aprobar tras quedar en minoría en el Cabildo. Aunque desde el PP no han querido adelantar en qué sentido se pronunciarán finalmente, sí han confirmado que mantendrán este viernes una reunión con la Confederación de Empresarios de Lanzarote (CEL) para tratar esta cuestión. Al encuentro acudirá también el presidente del Consejo Regulador del Vino, Rafael Morales, y posteriormente ofrecerán una rueda de prensa junto a Ástrid Pérez.
El consejero popular Ángel Vázquez ha explicado este jueves que la CEL se ha puesto en contacto con su partido para "hablar" sobre esta modificación. Vázquez ha señalado que, para tomar una decisión al respecto, su partido necesita "aclarar una duda puramente jurídica". El consejero considera que, si esa cuestión "se aclara", el Partido Popular "podría, lógicamente", apoyar la modificación del Plan. Sin embargo, lo deja exclusivamente en una posibilidad y puntualiza que no tomarán una determinación sin antes "ver todas las dudas".
La modificación del Plan Especial de la Geria permitiría ampliar la superficie construida que se autoriza a las bodegas de esta zona protegida. Entre otras cosas, la altura permitida pasaría de una a dos plantas y de 5 metros a 7,5. En la práctica, esos cambios posibilitarían legalizar estructuras ya existentes.
"Legalizar prácticas delictivas"
La modificación del Plan Especial de la Geria, planteada poco después de que entrara en vigor este nuevo documento el pasado verano, ha sido ya motivo de polémica. Con especial dureza se ha pronunciado Alternativa Ciudadana, que considera que lo que se pretende es "dar cabida legal a las bodegas con problemas urbanísticos".
La formación considera que se trata de una propuesta "disfrazada de medida vital para la supervivencia del sector", pero "no es otra cosa que un intento más por parte de determinados sectores empresariales de la isla que no respetan la legalidad urbanística de utilizar las instituciones públicas para dar legitimidad y cobertura legal a sus prácticas delictivas".
"Lo lamentable de esta situación es que las instituciones públicas asuman el papel de ser garantes y defensores de este tipo de situaciones, más aún cuando éstas se encuentran en manos de la Justicia", agregaba AC. Se refería así en particular al caso de la bodega Stratvs, del empresario Juan Francisco Rosa, que actualmente se encuentra cerrada por orden judicial. En el marco de esa causa, que está en la recta final para ir a juicio, hay 17 imputados por una larga lista de delitos relacionados con la construcción y explotación de ese macrocomplejo
