"Es la cuarta vez que trae este tema a Pleno y en todas falta algo. ¿Tanto le cuesta hacer las cosas bien?". Ésta fue una de las preguntas que planteó el portavoz del PP, Ángel Vázquez, al presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, durante el Pleno extraordinario celebrado este jueves para intentar una vez más aprobar la modificación del Plan de La Geria. La postura que iban a adoptar los populares era la mayor incógnita durante la sesión, ya que el propio José Manuel Soria había defendido públicamente la necesidad de aprobar este documento.
Sin embargo, los tres consejeros del PP optaron finalmente por abstenerse, al coincidir con el resto de partidos de la oposición (a excepción del consejero de NC), en las dudas legales sobre esta aprobación y en las carencias del expediente. "No es la primera asegura que está todo perfecto y acabamos en los tribunales", le reprochó Vázquez a San Ginés, recordando en particular lo sucedido con Inalsa, cuando se acordó pagar las deudas de la empresa con el dinero obtenido de la privatización de la gestión del agua.
En aquel momento, la interventora del Consorcio emitió un informe en el que advirtió de que los acuerdos de pago a los acreedores eran "nulos de pleno derecho" y "atentaban contra los intereses del Cabildo. Sin embargo, en base a dos informes externos (uno de ellos encargado a Ignacio Calatayud y otro a Pedro Lasso), se decidió seguir adelante. Poco después, la interventora presentó su dimisión. "Le sobran motivos a ella para presentar la renuncia y a mí para cesarla. Le sobran los motivos de preocupación", señaló entonces el presidente, Pedro San Ginés. Actualmente, éste y otros temas relacionados con la gestión de Inalsa han dado lugar a una nueva causa penal, ya que la Fiscalía considera que hubo "posibles delitos" en ese acuerdo de pago.
"Cómo podemos saber si los técnicos son los competentes"
Tras recordar ese polémico episodio con la ex interventora del Consorcio, el portavoz del PP le preguntó al presidente "cómo podemos saber" si en este caso los técnicos que han emitido los informes "son realmente los competentes". Al respecto, tal como ya publicó La Voz, cabe recordar que solo existe un informe del director insular de Ordenación del Territorio, que el secretario advirtió hace siete meses de que no era válido, y otro encargado después a una funcionaria en prácticas. En ambos casos, los dictámenes han sido firmados posteriormente por otros dos trabajadores de la Corporación, aunque no son sus autores.
Al respecto, Ángel Vázquez recordó también que existe un informe del que era jefe de la Oficina del PIOT, Leopoldo Díaz (que fue destituido por San Ginés poco después de que emitiera ese dictamen), en el que advertía de "vicios de nulidad radical" en el Plan de La Geria, que es en el que se sustenta la modificación que pretende aprobarse. "¿Cuál es el bueno? Le pedimos que nos dé seguridad jurídica a los consejeros", insistió el portavoz del PP, que también recordó que el Plan de La Geria "está en los Tribunales", tras haber registrado una cascada de recursos, incluyendo uno del Ayuntamiento de Tinajo.
Además, el consejero popular subrayó que los dos únicos informes aportados por San Ginés, no señalan en ningún momento que el dictamen sea favorable. "¿Por qué cuesta tanto poner esa palabra en un informe?", volvió a preguntar Vázquez.
"Queremos informes sobre la legalidad del contenido"
En la misma línea se había pronunciado antes el consejero de Ciudadanos, Benjamín Perdomo, que advirtió de que tanto el informe jurídico como el informe técnico aportado por San Ginés "son de procedimiento y expositivos". "Nosotros queremos informes sobre la legalidad del contenido", planteó Perdomo, insistiendo en que en esos informes "no dice si es favorable, desfavorable o favorable condicionado".
Por su parte, el portavoz del PSOE, José Juan Cruz Saavedra, subrayó también que esos dos informes aportados "no hacen ningún esfuerzo" para rebatir "los otros informes que cuestionan el Plan de La Geria". Se refería así tanto al dictamen del Leopoldo Díaz como al informe previo realizado por la jurista del Cabildo Joana Macías, elaborado a petición del Juzgado instructor del caso Stratvs.
"Igual pretende esperar diez años para traer a Pleno la revisión de lo que ahora nos propone", afirmó el consejero socialista, tras recordar que el presidente "está tan preocupado por la seguridad jurídica" que en el último Pleno propuso revisar el convenio con Yudaya, firmado hace diez años y renovado por el propio San Ginés bajo su mandato. "No creo que existan precedentes de una situación como la que vivimos. No creo que un documento de planeamiento haya sufrido tanto rechazo y tanto rechazo en un pleno", insistió José Juan Cruz, que advirtió de que "no se puede convertir el planeamiento en un concurso de ocurrencias" y en que esto "requiere mucho más rigor".
Ya fue tres veces a pleno "faltando requisitos legales"
Por su parte, el portavoz de Somos Lanzarote, Tomas López, también recordó que esta misma modificación había ido ya hasta tres veces a pleno "faltando requisitos legales". Cabe recordar que tras la consulta de la oposición en el último pleno, el secretario terminó confirmando que el único informe que había hasta ese momento, del director insular de Ordenación del Territorio, no era válido. Por un lado, porque el informe debía ser emitido por un funcionario o trabajador de la Corporación (y no por un cargo de designación política). Por otro, porque ese informe solo hablaba de cuestiones de trámite, pero no analizaba la legalidad de lo que se iba a aprobar.
A las carencias de esos informes se refirió también el portavoz de Podemos, Carlos Meca, que además este mismo jueves entregó un dictamen a todos los consejeros del Cabildo, elaborado por dos juristas, que sostiene que el trámite que se está siguiendo para modificar el Plan de La Geria no se ajusta a la ley, ya que debería tramitarse como una revisión parcial y no como una modificación puntual.
Además, defendió que debería haberse realizado una memoria ambiental de cada aspecto que se quiere modificar, en lugar de entregar "una propuesta cerrada". Sobre esos cambios, al igual que casi todos los partidos de la oposición, Meca insistió en que nada tienen que ver con dar respuesta a los problemas de los viticultores, sino con "legalizar una monstruosidad como la que cometió en La Geria el cacique mayor de esta isla", en referencia a Stratvs y al empresario Juan Francisco Rosa.
En concreto, se refirió a los dos ejes fundamentales de esa modificación, que pasan por "aumentar un 50 por ciento" la altura permitida de las bodegas y "un 150 por ciento la edificabilidad". Además, advirtió también de que se han "sacado de la chistera un cálculo a todas luces incompatible con nuestro ordenamiento jurídico", al calcular la edificabilidad (es decir, lo que se puede construir en proporción a la cantidad de suelo con la que cuenta el promotor), permitiendo que se sumen a la unidad de explotación incluso otras explotaciones vitivinícolas a las que un bodeguero compre uva. "Es comprar aprovechamiento urbanístico a previo de uva. Urbanísticamente entendemos que es un disparate", advirtió Meca. Según el consejero, ésta es otra "medida impuesta por el mismo cacique con nombre de flor", es decir, Juan Francisco Rosa, que ni siquiera con los cambios que se dio a ese suelo en el actual Plan de La Geria podría legalizar toda las obras que ejecutó fuera del planeamiento y sin estar amparadas por ninguna licencia.
