El pleno del Parlamento de Canarias acordó este jueves pedir al Gobierno canario que solicite al Estado que introduzca una enmienda al proyecto de reforma de la Ley de Extranjería, en la que se establezca con carácter general, que la tutela de los menores extranjeros no acompañados sea asumida por el Estado y su guarda corresponda a las comunidades autónomas donde residen.
Este acuerdo importante ?ya que en Canarias en la actualidad hay más de 1.400 menores extranjeros acogidos- surgió de una comunicación del Gobierno canario sobre el Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, a la que CC, PP y PSOE presentaron varias propuestas de resolución que fueron aprobadas. Las de CC y PP se aprobaron con los votos en contra del PSOE, que pidió que se estudiara antes "el tema" y las de los socialistas salieron adelante con las abstenciones de los populares y de los nacionalistas.
Así, la Cámara regional acordó entre otras cosas, que se establezca en el proceso legislativo un órgano de naturaleza pública de coordinación del Estado con todas las comunidades autónomas, con el objetivo de "conseguir en situaciones de aumento de la llegada de menores inmigrantes y cuando los centros de acogida de extranjeros existentes en la comunidad autónoma de acceso, permitan su traslado a otras comunidades, asumiendo éstas la guarda de esos menores para cumplir las obligaciones del artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor: la educación, la asistencia sanitaria., etc.".
También ?a propuesta de CC y PP- pide que se incrementen los fondos destinados a los proyectos de cooperación y desarrollo de los países africanos, "de tal manera que se creen más posibilidades de empleo digno para sus habitantes y se reduzca la imperiosa necesidad de emigración actual".
En cuanto a las propuestas de resolución del PSOE que salieron adelante al abstenerse en la votación tanto CC como PP, se pide al Gobierno estatal que garantice la asistencia jurídica a los menores extranjeros no acompañados, que "promuevan y estudien las modificaciones legislativas necesarias que contemplen la situación de estos menores y delimiten las competencias del Gobierno central y de las comunidades autónomas".
Asimismo, insta a que se promueva la repatriación de los menores extranjeros no acompañados con garantías de su reintegración en sus núcleos familiares respectivos o acogidos por las autoridades de protección de menores de su país.
Además, el Parlamento canario solicita que se promueva la realización de programas de sensibilización en origen de los desplazamientos orientados a disuadir a los menores a que inicien una aventura migratoria; y que se realicen las gestiones oportunas para facilitar la documentación referida a la autorización de residencia, conforme a la legislación vigente.
CANARIAS, UNA GRIETA
La consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, manifestó hoy que el Archipiélago "no tiene la culpa de ser la grieta del blindaje europeo a la inmigración y de las políticas migratorias de la Unión Europea" y por eso solicitó al Estado español que "asuma la tutela de los menores extranjeros no acompañados y los distribuya para su guarda y custodia, entre las comunidades autónomas para procurar su plena integración en la sociedad española".
Rojas presentó al pleno la comunicación del Gobierno de Canarias sobre el Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, más conocida como Ley de Extranjería.
Inés Rojas reconoció que el Ministerio de Inmigración se ha mostrado más "cercano" y "preocupado" por la política de migración de España y aclaró que el Gobierno de Canarias, al pedir al Estado que asuma la tutela de los menores extranjeros no acompañados, "ni está devolviendo ni va a devolver ninguna competencia sobre niños".
La consejera resaltó que las islas son la quinta comunidad autónoma con mayor número de extranjeros, hasta el punto de que el 14 por ciento de la población residente en el Archipiélago es extranjera. Detalló que a la inmigración regular que hay se suma la irregular- la que llega mediante visado por aeropuertos y después se queda- y la que llega en cayucos y pateras de manera clandestina: 90.000 personas ?continuó-han alcanzado las costas canarias desde 1994 y de ellas 6.000 son menores.
Para Inés Rojas el proyecto de reforma de la ley de Extranjería contempla mejoras en la lucha contra la inmigración irregular, centradas en mejorar la eficacia de los procedimientos de repatriación, en establecer nuevas sanciones, etc., pero admitió que de esas modificaciones planteadas en el proyecto "pocas se vinculan a la inmigración clandestina menos aún a los niños inmigrantes".
Señaló que esa norma no aborda un estatuto jurídico del menor inmigrante, cuando cada vez serán más los menores inmigrantes que alcanzarán las costas canarias "dado que a los adultos se les repatría"
Expuso que la actual normativa española no diferencia entre los niños en desamparo por malos tratos, abusos drogas, etc. de los inmigrantes que no tienen residencia en Canarias. "Los niños llegan a las Islas traídos por la Salvamar, porque el control de las fronteras, de las relaciones exteriores y Salvamento Marítimo es competencia del Estado", dijo, añadiendo que el Gobierno central ha de ser "corresponsable" en este tema con el autonómico pues la inmigración clandestina "debe ser una cuestión de estado".
CUESTIÓN DE ESTADO
El diputado del grupo parlamentario Socialista (PSC-PSOE), Francisco Hernández Spínola, incidió en que esta comunicación del Gobierno canario pretende justificar que sea la Administración estatal la que asuma la tutela de los menores extranjeros no acompañados en situación irregular y los distribuya entre las distintas comunidades autónomas. Coincidió con la consejera en que la inmigración ha de recibir un tratamiento de "cuestión de estado".
Spínola se alegró que en el comienzo de la novena legislatura estatal las posiciones políticas del Gobierno canario y español se hayan acercado notablemente respecto a este tema. "Ha llegado la hora de superar y desterrar la tentación usada tantas veces de utilizar por el Ejecutivo canario a los menores extranjeros como instrumento de confrontación política y señuelo para distraer la atención de su gestión en fracasos de las políticas sociales", aseveró.
Asimismo, el diputado de la oposición consideró que el fenómeno de los menores extranjeros no acompañados no está previsto en la normativa y por tanto la legislación ha de tratar este asunto y regularlo. Opinó que no tienen "por qué ser una responsabilidad exclusiva de la comunidad autónoma canaria" y calificó de "ineludible" la participación del Estado y del resto de las comunidades autónomas ante la situación de cierta dificultad que tiene Canarias con 1.400 menores no acompañados.
Francisco Hernández Spínola sostuvo que el Parlamento canario "no ha sido insensible a la problemática de los menores", pero se mostró esperanzado en que el debate de la comunicación "constituya un antes y un después de cómo abordar en el Parlamento la inmigración irregular y que nunca se utilicen los menores como arma política".
CANARIAS, PUERTO DE LOS NIÑOS
El parlamentario del Partido Popular (PP), Carlos Ester, dijo que su partido pretende con la modificación de la ley de extranjería que se acabe con las regularizaciones masivas, se mejoren los flujos migratorios y los derechos de los extranjeros y se combata la inmigración irregular reforzando los mecanismos de expulsión.
Se mostró partidario de solicitar al Gobierno de España que asuma la tutela de los menores inmigrantes, "ya que Canarias está siendo puerto de los niños africanos por la política del Gobierno de España que en muchas ocasiones ha dejado solo al canario", dijo.
También echó en falta que el Estado no garantice que los menores inmigrantes, cuando cumplen los 18 años de edad, reciban sus papeles de residencia "y eso también se ha de modificar en la ley de extranjería", puntualizó. Para Ester, lo que pretende el Gobierno autonómico es asegurar un buen futuro para esos menores
FUERA PARTIDISMOS
El diputado del grupo parlamentario de Coalición Canaria (CC), José Miguel González, solicitó que en este tema se quedara de lado el partidismo política y consideró que no se pueden utilizar "coartadas legislativas" para eludir responsabilidades, en clara referencia al Gobierno central.
Un José Miguel González emocionado dejó claro que el Ejecutivo regional "está muy satisfecho del esfuerzo que hace con los menores y no se quiere quitar de encima su tutela".
En su segunda intervención la consejera señaló al PSOE que "nunca el Gobierno canario ha utilizado políticamente a los niños, sino que utiliza la política a favor de estos menores. Admitió que en los últimos tiempos el Gobierno central está más "volcado" en este tema, "pero falta que lo materialice en la Ley de Extranjería".
ACN Press
