Debería ser una gran zona verde pública pero, en lugar de eso, hay instalaciones privadas de ocio y deporte, pertenecientes al hotel Princesa Yaiza. Sin embargo, lejos de recuperar el espacio que ocupa desde hace años el Kikoland, para que sea realmente un parque público, el nuevo Plan General de Yaiza ha cambiado el uso del suelo.
Concretamente, lo que aparecía como zona verde en el anterior Plan, ahora figura como suelo destinado a equipamientos deportivos, dando así cabida a lo que se construyó en su día al margen del planeamiento, y también al margen de la titularidad del suelo, ya que la parcela pertenece en realidad al Ayuntamiento.
"Dada la extrema singularidad del proceso de gestión que se ha producido en este ámbito, se mantienen los usos desarrollados en aquellas parcelas de zonas verdes del plan parcial, tales como deportivos y recreativos, pero considerando en todo caso a las parcelas afectadas como bienes de dominio público", se limita a exponer el documento, en el capítulo dedicado al Plan Parcial Costa Papagayo, donde se ubica el Princesa Yaiza.
Es decir, que acepta los hechos consumados con la ocupación de ese suelo, y adapta el Plan General para darles cabida. En total, en ese Plan Parcial elimina casi 100.000 metros cuadrados de zonas verdes, que deberían haber sido parques públicos. Ahora, pasan a tener uso de equipamiento deportivo y recreativo.
Así, podría resolverse uno de los incumplimientos de esa instalación. Y es que incluso aunque el Princesa Yaiza hubiera tenido una concesión del Ayuntamiento para ocupar ese suelo, tampoco podría haber construido ahí una instalación como la del Kikoland, ya que se trataba de una zona verde.
"Extrema singularidad" conocida desde hace años
La "extrema singularidad" a la que apela el equipo redactor del Plan General para modificar el uso de esa parcela, ya había sido denunciada hace años, en el informe de Legalidad Urbanística elaborado por el Cabildo en la anterior legislatura. En él, además de analizar los distintos incumplimientos de la ley por parte de los hoteles ilegales, también se advertía de ocupaciones ilegales de suelo público.
Aunque entonces el Ayuntamiento no hizo nada por resolver la situación, en noviembre de 2011 el tema se puso sobre la mesa en un pleno de Yaiza, cuando CC denunció el caso concreto de un hotel de Montaña Roja, el Paradaise Island, que también ocupa suelo público. Ahí, la actual alcaldesa, Gladys Acuña, encargó un informe técnico, que vino a confirmar que en Playa Blanca se ocuparon ilegalmente un gran número parcelas públicas que debían ser zonas verdes, careciendo incluso de cualquier tipo de permiso.
En aquel momento, el interventor del Ayuntamiento advirtió que había "reales indicios delictivos contra la ordenación del territorio", por lo que entendía que debían dilucidarse con "los correspondientes expedientes urbanísticos sancionadores y de reposición de la legalidad urbanística alterada".
Cuatro meses después, a finales de mayo, el grupo de gobierno llevó el tema a pleno y acordó iniciar los trámites para recuperar esos espacios públicos, aunque hasta el momento nada se ha sabido de cómo avanza ese proceso. Lo que sí dejaba claro el interventor en su informe es que esto no podía resolverse cobrando un "tributo" a las empresas por la ocupación de ese suelo. "Eso podría tener un efecto perverso de proporcionar una cobertura de legalidad a unas ocupaciones que en principio carecen de título habilitante", advertía el interventor.
Futuro incierto
Lejos de aquellas consideraciones del interventor, el Plan General parece ahora dispuesto a dar cobertura a esas ocupaciones de suelo, al menos en lo que al Princesa Yaiza y al Plan Parcial Costa Papagayo se refiere. Sin embargo, para ello no bastaría con cambiar la calificación del uso del suelo, ya que se sigue tratando de parcelas públicas.
Lo que sí facilita es el camino a una posible concesión por parte del Ayuntamiento. Y es que a diferencia de lo que sucede con una zona verde, un suelo dedicado a equipamientos deportivos o recreativos sí podría ser gestionado por una empresa privada, normalmente a cambio del pago de un canon.
Sin embargo, para ello es necesario que exista una concesión del Ayuntamiento, que debe convocar un concurso para que pueda presentarse cualquier interesado. Aunque eso, se debe hacer antes de que se produzca la ocupación, y no años después, cuando la instalación privada ya está construida en un suelo municipal.
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