LA FISCALÍA PIDE INFORMES EN VARIOS CASOS PENDIENTES DE JUICIO

El Plan de La Geria podría salvar construcciones ilegales y "anular" delitos urbanísticos

La Fiscalía ha pedido informes en varios casos pendientes de juicio, para determinar si las obras son legalizables, ya que si fuera así podría anularse el delito contra el territorio.

El Plan de La Geria podría salvar construcciones ilegales y anular delitos urbanísticos
El Plan de La Geria podría salvar construcciones ilegales y anular delitos urbanísticos

El Plan Especial de La Geria, esperado por muchos viticultores y bodegueros para poder acometer obras en sus instalaciones, podría servir también para legalizar construcciones ya realizadas en los últimos años al margen de la ley y, además, para "anular" los posibles delitos urbanísticos cometidos durante ese tiempo.

De hecho, la Fiscalía ya ha pedido informes al Cabildo y a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) sobre varias causas penales abiertas. Lo que quiere determinar es si las obras que se investigan en cada caso podrían ser legalizables cuando entre en vigor ese Plan, que actualmente está en la última fase de alegaciones, antes de su aprobación definitiva.

La solicitud de esos informes ya ha llevado a aplazar un juicio que debía celebrarse a finales de septiembre, a la espera de conocer el dictamen de los técnicos. Y es que tras la reforma del Código Penal del año 2010, se introdujeron cambios en varios artículos referidos al delito contra la ordenación del territorio. Para que exista, no basta con que la obra fuera "no autorizada", sino que debe ser "no autorizable". Por eso, si se tratara de obras que pueden ser legalizadas, aunque sea a través de una nueva ley aprobada con posterioridad, podría dejar de existir ese delito.

 

Precedente con Miguel Martín


De hecho, en Lanzarote ya existe un precedente en el que se anuló una condena por la entrada en vigor del anterior Plan Especial de La Geria. En ese caso, el ex alcalde de San Bartolomé, Miguel Martín, había sido condenado a una pena de un año y cinco meses de prisión por el Juzgado de lo Penal Número 3 de Arrecife, por un delito contra la ordenación del territorio, por la construcción de un muro en una de sus fincas. Sin embargo, después la Audiencia Provincial anuló esa condena, al considerar que el muro era "legalizable", porque en ese momento había entrado en vigor el Plan Especial de La Geria.

El caso de Miguel Martín fue especialmente paradójico ya que poco después de prosperar su recurso, ese Plan por el que fue absuelto fue anulado por los TribunalesDesde entonces, el Gobierno canario inició los trámites para aprobar un nuevo documento, que actualmente está en su fase final, y el Cabildo espera que esté definitivamente aprobado a principios del próximo año. Por eso, la Fiscalía ha pedido informes para aclarar cómo afecta ese plan a cada una de las obras investigadas, antes de celebrar los juicios.

 

Posible "retirada de la acción penal"


En el caso del juicio que debía celebrarse a finales de septiembre, la propia Fiscalía sostiene en el escrito remitido al Juzgado que de ese informe de los técnicos "puede depender incluso la retirada de la acción penal por parte de la Fiscalía", al menos en cuanto al delito contra el territorio se refiere. Y es que en este caso, los promotores también están acusados de un delito de desobediencia, por incumplir la orden de la Apmun de paralizar las obras.

Según han confirmado a La Voz desde la Fiscalía de Medio Ambiente, esta misma solicitud se ha cursado ya con otras dos causas que están pendientes de juicio en los próximos meses. En esos dos casos, se investigan sólo delitos contra la ordenación del territorio, y de ser legalizables las obras con el nuevo Plan de La Geria, podrían terminar archivándose las causas.

En cualquier caso, cada situación deberá analizarse individualmente para ver si, realmente, las obras en cuestión son legalizables o no con el nuevo Plan. Y es que en cada procedimiento, se investigan trabajos de distinta naturaleza, que van desde almacenes, oficinas y bodegas, hasta amurallamientos, excavaciones y movimientos de tierra vinculados al cultivo de la vid.

 

Stratvs


Los mismos informes que se han solicitado para estas tres causas, cuyos juicios iban a celebrarse de forma inminente, se han pedido también ya para la de la bodega Stratvsque aún está en fase de instrucción. En ese caso, los técnicos del Cabildo y de la Apmun también deberán informar sobre si la bodega, el restaurante y la tienda, que según la investigación (y según ha reconocido ahora el propio Ayuntamiento), son ilegales, se pueden regularizar o no con este plan.

Al respecto, cabe recordar que hace un mes, la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) aprobó un cambio en la planimetría del Plan Especial del Paisaje Protegido de La Geria, para incluir a las bodegas Stratvs. Según la Cotmac, había dos bodegas que habían quedado "excluidas de su expresión gráfica por error", y una de ellas era Stratvs. "Ahora quedan reguladas", para que "tengan las mismas condiciones y ventajas", señaló entonces el viceconsejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Mario Pérez.

En cualquier caso, aunque Stratvs pudiera acogerse a ese Plan para legalizar la totalidad o una parte de sus instalaciones, eso no llevaría al archivo de la causa penal abierta. Y es que en este caso, no sólo se investigan delitos contra la ordenación del territorio, sino muchos más.

Entre otras cosas, hay una larga lista de políticos y técnicos imputados por prevaricación urbanística, y ese delito no se vería afectado por el hecho de que las obras sean o no legalizables ahora.

 

Pendiente del cierre


En el caso de Stratvs, la investigación penal sostiene que recibió premisos ilegales tanto del Gobierno de Canarias como del Ayuntamiento de Yaiza, por lo que hay políticos y técnicos imputados, pero también que lo construido ni siquiera se ajustaba a esas licencias.

De hecho, según los informes que obran en la causa, se solicitó permiso para rehabilitar una construcción preexistente y lo que se hizo fue derribarla y construir una nueva; se levantó un restaurante donde se había pedido permiso para una bodega; y la bodega se desplazó a otra zona no autorizada, ocupando además el doble de la superficie que se había solicitado.

A raíz de la investigación judicial y de la imputación de la alcaldesa y de tres ediles que estuvieron en la junta de gobierno que en 2008 concedió la licencia de apertura a esta bodega, el Ayuntamiento abrió un expediente sobre Stratvs, ordenando primero el cierre del restaurante, que actualmente está clausurado, y proponiendo posteriormente el cierre también de la bodega y de la tienda.

Esa decisión, que es del Consistorio y no del Juzgado, ya fue trasladada a la propiedad, para que pueda presentar alegaciones, según explicó Gladys Acuña la pasada semana a La Voz. A partir de ahí, el Ayuntamiento deberá adoptar una decisión definitiva.

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