Aunque desde primeras horas de este viernes todos los integrantes del PIL celebraban la salida inminente de Dimas de prisión, poco después iban cambiando sus declaraciones y hasta algunos, como María José Docal, se mostraban indignados por un posible giro inesperado en los acontecimientos.
Desde el propio partido hablan de que podría haber llegado una segunda carta rectificando la decisión de otorgarle el tercer grado, e incluso que un funcionario de prisiones le notificó que se olvidara del escrito que había firmado esa misma mañana aceptando el nuevo régimen de semilibertad. Sin embargo, otras fuentes del entorno familiar de Dimas Martín consultadas por La Voz señalan que efectivamente el tercer grado ya está concedido, y que el único problema está en que faltaría un papel para que pueda hacerse efectivo, con lo que su salida de prisión se retrasaría unos días más.
"Lo que realmente sucede sólo lo sabe Dimas, y por ahora no podemos hablar con él", explicaba María José Docal, que esperaba que la llamada que puede realizar por las tardes desde prisión sirviera para despejar las incógnitas. Aún así, ninguno de los miembros del partido consultados han querido confirmar de dónde surgen entonces estas nuevas versiones y dudas, de las que nadie da explicaciones oficiales con claridad.
Incluso, otros apuntaban la posibilidad de que el "error" partiera del propio Dimas Martín, y ése sí sería un auténtico jarro de agua fría. Y es que hay quienes afirman que la notificación que firmó en la mañana de este viernes sólo era un escrito en el que se le informaba de que iba a recibir la respuesta a la solicitud del tercer grado, lo pudo desatar el entusiasmo, que se truncó poco después al confirmar que esa respuesta era desfavorable. O, simplemente, que todavía no se ha recibido.
Así, y en medio de un cúmulo de versiones contradictorias que surgen del propio Partido de Independientes de Lanzarote, lo único concreto a primera hora de la tarde de este viernes es que el líder del PIL continuaba cumpliendo en Tahíche una condena de ocho años en la prisión por malversación de fondos y por fraude a la Hacienda Publica y a la Seguridad Social en el caso del Complejo Agroindustrial.
